Ayotzinapa: arañar la verdad…

Salvador Camarena

Ni de cerca la justicia

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigaba la noche de Iguala ha concluido su misión en México. Se van con el reconocimiento de las familias de los 43 de Ayotzinapa, también se marchan frustrados porque apenas si pudieron arañar la verdad de esa tragedia.
Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain rindieron este martes el sexto y último informe del GIEI. Ya sólo ellos quedaban del puñado que originalmente trabajó en el caso que conmocionó a México en 2014. Su reporte final aporta indicios de una verdad que se topa con una conocida pared.
En la prensa mucho se ha dicho esta semana de la denuncia del GIEI sobre la cerrazón de las fuerzas armadas a revelar a los expertos todo lo que saben sobre los hechos del 26 de septiembre de hace casi nueve años.
La Secretaría de la Defensa Nacional no ha querido aportar documentos y testimonios sobre lo que supieron, en tiempo real y en las horas y días posteriores, de la refriega en la que desaparecerían 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Integrantes de la Sedena saben más de lo que dicen, tienen más documentos de los que han mostrado, porque aquellos días en Iguala, antes de la matanza y después de la misma, hicieron más de lo que han querido reconocer, sostiene el reporte de los expertos.
La certeza del GIEI sobre el ocultamiento castrense no surge de la suspicacia, ni de la mera lógica. El nuevo reporte compendia elementos, que apuntan al Ejército, que han podido reconstruir con datos de telefonía, testimonios anónimos y documentos arrancados a cuenta gotas a la oscuridad oficial.
Cada pedazo de evidencia desenterrado es contrastado por el GIEI con otras fuentes, con otros papeles y declaraciones. Y en no pocos casos, con tan novedosos indicios, han buscado de nuevo a elementos de las Fuerzas armadas y policiacas que al ser confrontados con la nueva versión aceptan que antes dijeron medias verdades o que ahora “recuerdan” lo que ante la evidencia se ven obligados a aceptar, para de inmediato volver al mutismo.
Meses de pesquisas cuyos frutos mueren en el callejón sin salida que es la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a colaborar. Mas no son los únicos reticentes. En su sexto volumen, el GIEI denuncia acciones ilegales o indebidas de la Secretaría de Marina que, otra vez, había ocultado.
Hay que repetir esto: el sexto informe, como los anteriores, no es un panfleto que elabore hipótesis desde la nada o el sospechosismo frente a la omnipresencia de las fuerzas armadas mexicanas. Es un volumen con, a pesar de la poca colaboración oficial, nuevos indicios de lo ocurrido en Iguala.
Por ejemplo: aportan el análisis de medio millar de llamadas hacia y desde el C4 de Iguala revelan la imposibilidad de que soldados y policías aleguen desconocimiento de los hechos desde el minuto mismo en que se originó la gresca que terminó en la más grande matanza de mexicanos en tiempos modernos. Y además de las llamadas, está la novedad de la localización de actividad telefónica de mandos en distintos lugares de esa ciudad guerrerense.
Los nuevos hallazgos, sobre la actividad de integrantes del CISEN, de policías locales y federal, de integrantes de las Fuerzas armadas e incluso de miembros del crimen organizado, a juicio del GIEI se puede y se debe reconstruir el verdadero papel que esos actores jugaron en el momento mismo de la captura de los jóvenes, en las jornadas en las que desaparecieron y en las que supuestamente ya se investigaba su paradero.
La esperanza del GIEI es que la Fiscalía General de la República retome los hallazgos y se pidan ministerialmente los documentos que a ellos les negaron. Que del informe se pase al expediente. Que el trabajo no haya sido en vano por la fuerza obstructiva de las fuerzas armadas.
Que Sedena y Semar no sepulten la posibilidad de que los mexicanos tengan acceso a la verdad de lo que ocurrió en Iguala, del paradero de los muchachos, de las responsabilidades de quienes no actuaron a la altura de su deber para que los estudiantes no fueran entregados a los delincuentes.
Las llamadas de militares que se comunicaban entre cuarteles y el C4 en las horas en que sucedieron los hechos, y el hallazgo, gracias a datos de telefonía, de que mandos castrenses estuvieron en lugares cercanos a la refriega que los militares no han reconocido, abren nuevas interrogantes sobre qué supieron y qué decidieron hacer con eso los uniformados.
Máxime que, al menos para el caso de los soldados, estos habían recibido por aquellas fechas una alerta del alto mando para que se reportara a la secretaría todo incidente, dado que estaba próximo a conmemorarse el 2 de octubre, fecha que concita marchas y movilizaciones contra la histórica y traumática represión del ejército a estudiantes en la plaza de las tres culturas.
La tarde del 26 los soldados supieron de camiones secuestrados, grupos de estudiantes dirigiéndose en varias direcciones, policías reprimiendo a los jóvenes, presencia de criminales y balazos por doquier… ¿y los batallones, el 41 y el 27, nada registraron de lo que pasaba en sus narices? ¿Qué callan?
La verdad histórica de Peña Nieto es sustituida este sexenio por la verdad callada. El presidente López Obrador se ha tragado su compromiso por esclarecer la tragedia que quebró al Gobierno de Peña Nieto. El pasado viernes advirtió que ni militares ni marinos hablarán del caso. Y que él, como comandante supremo, rechaza la cerrazón denunciada por el GIEI. Para el tabasqueño hay un nuevo complot y es en contra de las Fuerzas Armadas.
Las familias de los 43 reciben en las postrimerías del sexenio de Andrés Manuel el reporte donde Buitrago y Beristain muestran, sin ocultar su decepción, huellas de sus esfuerzos por llegar al fondo, pero reconocen que apenas si arañaron la verdad, la epidermis de lo que sucedió.
Perplejos exponen una realidad contradictoria: encomian al presidente de la República por haber ordenado a las Fuerzas Armadas que colaboraran con ellos, y se encogen de hombros al no poder explicar por qué tras esa orden no hubo apertura ni acatamiento del Ejército y la Marina.
La esperanza de resolver el caso se pudrió. Un nuevo sexenio, una nueva frustración para 43 familias y una sociedad agraviada. Los del Gobierno anterior quisieron cerrar el expediente a punta de tortura y fabricaciones. Los del actual lo quieren decretar con algunas órdenes de detención pero sin un relato convincente, por crudo que resulte, por reveladoras que sean las complicidades de las autoridades con el crimen organizado.
Desde hace semanas, las familias han solicitado una audiencia con el Presidente para manifestarle su desazón e inconformidad. AMLO no ha encontrado espacio en su agenda para el dolor de las familias de los estudiantes asesinados de la normal rural de Ayotzinapa.
Las familias de las víctimas no quieren más reuniones protocolarias con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, que no tiene algo qué ofrecer a los deudos, ni interlocución, luego del fallido informe en el que incluyó mensajes de telefonía que resultaron apócrifos.
La promesa de López Obrador de hacer justicia a estas víctimas se marchita. Sin el GIEI, Encinas es aún más débil frente a las Fuerzas Armadas al tiempo que las familias no verán en él al sustituto de los expertos internacionales. Y como AMLO optó por los militares, los deudos se saben de nuevo solos.
El GIEI se retira legando una crónica en seis tomos de una historia demasiado familiar para los mexicanos.
El grupo de expertos describe los barroquismos de nuestro sistema de justicia, la propensión de éste a medio vivir en una realidad en donde poderes fácticos imponen los ritmos y alcances de la ley, la imposibilidad del Estado mexicano para descorrer el velo de lo que sabe de la penetración de los criminales en instancias de gobierno y la nula valía de las víctimas pobres. Estampas de un día cualquiera en la vida de México, diría Ibargüengoitia.
Salvo que se suponía que con Ayotzinapa sería distinto. Que 43 jóvenes devorados de golpe por criminales y policías (¿y por fuerzas armadas?) era demasiado incluso para una nación mansamente ahíta de masacres y muerte. Que el “nunca más” detrás del grito “Fue el Estado” iba en serio, por eso el peñismo fue y será despreciado, por eso a México urgía un gobierno que sí procurara justicia y verdad: AMLO tendría la valentía de hacer la autopsia del caso…
Los expertos del GIEI dejan cientos de páginas que dicen busquen aquí, pregunten por esto que no nos contestaron, abran una investigación a partir de tal documento, soliciten una diligencia en aquel lugar, no dejen suelta la contradicción de varios testimonios, no olviden tocar en esas puertas que a pesar de la orden presidencial permanecieron cerradas. Porque a pesar de todo, nosotros apenas si rozamos la superficie de la verdad. Y de la justicia, ni hablar. (El País).