En la calle quedan ahora colonos de San Eduardo

A falta de acuerdos, diálogo y solución, los habitantes de San Eduardo regresaron a las tierras que ocuparon por varios años, pero al verla cercada y delimitarla con cintas amarillas, decidieron instalarse en la calle, a un costado de la barda perimetral del predio donde la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) construye un nuevo corralón. Desde ahí seguirán su lucha, tras abandonar el plantón en el Palacio de Gobierno.
El jueves antes del mediodía las familias que durante más de dos meses sufrieron lluvias, sol, intemperie, enfermedades, hambre, sed, amenazas y persecución, se retiraron del Palacio de Gobierno, donde estuvieron plantados de manera permanente, luego de recibir amenazas de que serian llevados a prisión si no se retiraban, porque estaban “manchando” la ceremonia del Grito de Independencia.
Estamos cansados de que al pasar de días, semanas y meses, la gobernadora Layda Sansores ni nos miró, ni nos escuchó, como buena alumna de Carlos Salinas de Gortari que es, mientras que la Fiscalía General del Estado desestimó los documentos que los acreditan como legítimos propietarios desde hace siete años de ese predio que no tenía dueño, pues es propiedad de la Nación, aunque hayan fabricado una escritura mediante la corrupción.
Con las pancartas en donde relatan “el infierno” que pasaron la tarde del viernes 30 de junio cuando la gobernadora Layda Sansores ordenó el criminal desalojo de las 85 familias entre niños, mujeres y adultos mayores, hombres y jóvenes, las familias se instalaron en la vía pública justo a la entrada del poblado Nuevo San Antonio Ebulá.
Con maderas construyeron la base para tener un refugio. La misma noche del jueves, elementos de la Fiscalía General del Estado (Fgecam) intentaron intimidarlos. Colocaron la cinta de acordonamiento entre la barda perimetral del corralón y el borde del camino donde los habitantes acomodaron colchonetas y utensilios para preparar alimentos.
Desde ahí, no sólo seguirán la lucha y mantendrán la resistencia, también podrán cuidar sus casas, pues en el tiempo que estuvieron en el Palacio de Gobierno fueron saqueadas. Dos viviendas de madera y cartón fueron incendiadas, a otras les robaron sus pertenencias que habían logrado con mucho esfuerzo.
Advirtieron que no se moverán, “aún cuando manden a sus perros a desalojarlos el fiscal Renato Sales Heredia y la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, porque aquí dejaremos hasta nuestras vidas. Si tuviéramos una casa, no sufriéramos estas condiciones, señalaron.