Denuncia ASF a 20 entes públicos

Probables daños al erario alcanzan los 13 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Auditoría Superior de la Federación interpuso 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables desvíos de recursos por parte de entes públicos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de querellas contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que fueron motivadas de fiscalizaciones a las cuentas públicas 2018, 2019 y 2020, y cuyos montos con probables daños al erario alcanzan los 13 mil millones de pesos.
De ese total, 11 se presentaron contra Segalmex durante 2022, de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2019 y cinco a la cuenta 2020.
En tanto, en 2023 se presentaron cinco denuncias contra la Sader correspondientes a la Cuenta Pública 2018, tres contra Diconsa en torno a la Cuenta Pública 2020 y una contra la Conade de la Cuenta Pública 2020.
Al respecto, la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), celebró que el máximo órgano fiscalizador del país “por fin” esté presentando denuncias penales contra esta administración, pero consideró que se trata de casos que “les reventaron en la cara” porque ya existían decenas de denuncias penales contra dichos entes.

ENTREGADA A LA 4T

“La Auditoría Superior de la Federación ya se acomodó, ha sido selectiva con su trabajo, sigue dejando mucho qué desear. La Auditoría está totalmente entregada al Gobierno Federal, al Gobierno de la 4T, y lo que llama la atención es que estas denuncias las hacen porque ya no les queda de otra, porque ya les reventó el tema. Son denuncias que yo presenté y que otros han presentado. Ya les llegó el agua a los aparejos porque la cantidad de recursos desviados es escandalosa”, aseguró.
Las denuncias contra Sader, Segalmex y Diconsa tienen que ver con la entrega de programas a beneficiarios fallecidos o no existentes, la pérdida de fertilizantes y la contratación de insumos que nunca se recibieron, así como un presunto desfalco que en su conjunto supera los 12 mil millones de pesos.
Entre los informes que corresponden a las carpetas de las denuncias, destaca, por ejemplo, el contrato por 58.9 millones de pesos por el alquiler de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportadoras a cuatro empresas, cuyas condiciones no se cumplieron de acuerdo con la ley.
También, un contrato por 39.6 millones de pesos con otras cuatro empresas por conservación y fumigación de granos, del cual nunca se acreditó su cumplimiento.
También se registran pagos por servicios que no se adquirieron y documentación de proveedores con “inconsistencias en sus rasgos”.