La gobernadora Layda Sansores San Román huyó de los cuestionamientos derivados de las acusaciones de la viuda de Alejandro Gómez Cazarín, Teresa Xochitl Mejía Ortiz, y para evitar responder por la presunta corrupción y la opacidad en el manejo de los recursos para “ayudas sociales”, en que se dispone de más de un millón de pesos diarios, autorizado por el Congreso local.
Al concluir el desfile cívico-militar por el 113 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, la mandataria se negó a dar entrevistas. Sus guaruras y personal de logística habían instalado un cerco con mallas metálicas alrededor del templete donde presidió el desfile, a fin de que ni reporteros ni ciudadanos pudieran acercarse.
Desde la acera de la avenida comenzaron los cuestionamientos a la mandataria, quien reviró para tratar de identificar a los reporteros, y personal de la Unidad de Comunicación Social le hizo gestos para que no se detenga ni responda nada. Apoyada por funcionarios del Gobierno del Estado con dificultad bajó del templete para abordar su lujosa camioneta y escapar.
En su ayuda intervino el secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit quien negó que se disponga de más de un millón de pesos para apoyo social, aseguró que Teresa Xochitl Mejía Ortiz, viuda del extinto Alejandro Gómez Cazarín es quien debe responder por los señalamientos a la gobernadora Layda Sansores San Román, y que la destitución de su esposo fue una decisión interna de la bancada, no una consigna de la mandataria.
El funcionario explicó que los 423 millones 073 mil 591 pesos a que hizo referencia el diputado federal José Luis Flores Pacheco, representa lo que se contempla para obra pública. Señaló que todas las secretarías del Gobierno del Estado cuentan con un fondo de ayuda social, pero no son los 800 mil pesos diarios que se menciona, son apoyos que van de 500 a dos mil pesos por persona.
“No es suficiente lo que hay presupuestado para las necesidades y demandas ciudadanas”, dijo Toledo Jamit, al desafiar que si hay interesados en saber a quienes o donde se destina este recurso, que lo soliciten en Transparencia.
Con respecto a la polémica por el modelo de transporte que se prevé implementar con el Grupo Mobility ADO, que afectará a los usuarios de las colonias que resentirán afectaciones al pagar más, Toledo Jamit indicó que el proyecto aún no está definido y en su momento se le dará a conocer a la sociedad, pero tratarán que no impacte en el bolsillo de los campechanos.
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