Redujeron en 60% la gasolina a Fiscalía

Impide movilización para cumplir con sus tareas y beneficia a la delincuencia

Desde junio de 2023 la Secretaría de de Finanzas del Gobierno ha ido reduciendo sistemáticamente el suministro de gasolina a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) para dejarla inoperante, al parecer por cuestiones políticas internas.

Fuentes dignas de crédito que pidieron el anonimato, señalaron que esta situación ha conllevado a que en siete meses los servidores públicos ministeriales no puedan acudir a tiempo a escenas del crimen fuera de la ciudad capital y investiguen oportunamente hechos delictivos.

Diversas fuentes allegadas a la Fgecam confirmaron “el ahorcamiento” de suministro de combustible generado, presuntamente, desde oficinas del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román.

De enero a junio de 2023, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Ministerios Públicos destacamentados en Municipios, recibían 200 litros de combustible para su operatividad a la semana. A partir de junio les redujeron el suministro, primero a 150 litros y finalmente a 80. Hasta donde se informó no hubo justificación en la reducción.

En la ciudad capital a los servidores públicos ministeriales que se encuentran en las instalaciones de la Fgecam, la reducción del suministro de combustible llegó a tal grado que les dan de 10, 15 y máximo 20 litros.

Esto quedó en evidencia la tarde del miércoles 10 de enero, cuando personal de la AEI, del Instituto de Servicios Periciales, así como de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto no podían trasladarse a Champotón tras la  segunda ejecución de esta semana.

Los mandos en la Fgecam estuvieron buscando la forma de resolver la situación, debido a que el combustible que tenían las unidades oficiales no alcanzaba para llegar a la ciudad de Champotón. La demora en la llegada ha sido notoria en los últimos meses, sobre todo en los casos de robos y delitos de alto impacto.

Esta situación, junto con la falta de efectividad de los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para perseguir y detener en flagrancia a presuntos sicarios ante las ejecuciones, deja el campo abierto a la delincuencia organizada para “operar” en la entidad.

Por un lado, la omisión y/o falta de resultados de la SPSC y por el otro, el “ahorcamiento sistemático” para evitar la operatividad de quienes tienen la obligación de investigar y esclarecer hechos delictivos, sobre todo los de alto impacto.