Ante juez abogados plantados en JLCA

Los acusan de imposición forzada de un acto ilegal

Cuatro abogados que están al frente de las manifestaciones contra la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tendrán que presentarse este 30 ante un juez de Control, acusados de imposición forzada de un acto ilegal, de acuerdo con la carpeta judicial 83/23-2024/JC-11.

Esmeralda García Heredia y Milton Alejandro Pech

Se trata de Julio Pech Díaz, Esmeralda García Heredia y los hermanos Yuliana y Milton Alejandro Pech Juárez, quienes han encabezado las protestas de sus clientes —trabajadores— frente a la dependencia.

La denuncia fue presentada por Mayran Yadira Gallegos Piña, en agravio de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y Raúl Fernando Luján Balán, por la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

¿De qué nos están acusando?, pues según la Fiscalía de obligar a la autoridad —a la Secretaría de Gobierno y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje—, por medio de la violencia física o moral, a ejecutar un acto propio de sus atribuciones, sin los requisitos legales, y que no está dentro de nuestras atribuciones, relataron los abogados.

“Seguramente la licenciada Mayran Yadira quiere justificar que los plazos establecidos para la ejecución de laudos, notificaciones y otras diligencias están siendo aplazados, sin embargo, ella mantiene una dependencia donde hay expedientes con rezagos que van de cinco a 11 años”.

“La audiencia inicial está programada para el penúltimo día de este mes ante la jueza tercera de Control, quien escuchará a detalle la acusación que piensa formular la Fiscalía General de Justicia a cargo de Renato Sales Heredia”, detallaron.

De acuerdo con uno de los imputados, la intención de las autoridades estatales es que todos sean vinculados a proceso, con medidas cautelares en libertad, a sabiendas que una de las restricciones será que ninguno se acerque a la denunciante.

“No se trata de un delito grave, tampoco amerita prisión preventiva justificada, pero la acusación lleva la única intención de que las protestas concluyan al momento que la jueza resuelva nuestra situación jurídica”.

El Código Penal del Estado establece que este delito tiene pena de dos a cinco años de prisión y multa de 100 a 300 días basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin embargo, en ningún momento los “plantonistas” han incurrido en violencia física.

Sabemos que no habrá ninguna orden de aprehensión en nuestra contra, pero ya seremos notificados oficialmente en el despacho, sólo nos resta esperar que sea aplicada la ley durante la comparecencia ante la jueza de Control, finalizaron.