EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE FEBRERO 2024

IEEC, ARBITRARIO CENSURADOR.

Es intolerable e inadmisible la intromisión del Instituto Electoral del Estado de Campeche en asuntos relacionados con los ámbitos noticiosos y de opinión. Se han convertido en implacable censor de los comunicadores y peor aún, en cruel espectro de los actores políticos que se atreven a expresar lo que piensan de las conductas de dirigentes y burócratas.

Como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Todavía el jueves de la semana pasada el IEEC advirtió a los administradores de tres páginas digitales que les otorgaba un plazo improrrogable de 24 horas, a partir de ser notificados, para que retirar ciertas publicaciones. ¿Dónde queda su libertad de expresión? Concretamente se referían a las declaraciones de Sonia Cuevas, exdiputada local, exalcaldesa de Calkiní y propuesta por Movimiento Ciudadano para ser diputada plurinominal por la Tercera Circunscripción.

Es un amago torpe, indebido, estúpido y lejano de un análisis juicioso, originado de la petición de la presidenta estatal del PRI, quien lejos de responder a las apreciaciones de la calkiniense prefirió quejarse de una supuesta Violencia Política en Razón de Género al ver cuestionados sus “talentos”. Considerando que los periodistas sólo informaron del hecho, ¿dónde se encuentra la hipótesis del delito? No la hay, por lo que las advertencias del IEEC caen en la arbitrariedad y en la censura.

FISCALES BAJO CONSIGNA.

Pero vayamos por partes. Violencia, según el diccionario, es el uso de la fuerza para alcanzar un fin, para dominar a alguien o imponer algo. Si la primera buscó reunirse con la dirigente impuesta, sin consenso ni convocatoria, e ilustró que su currículum no le alcanza para permanecer en el cargo —ergo, fue producto del dedazo—, ¿dónde reside la violencia?

Los labriegos de la función electoral no atinarán a sostener sus requerimientos, pues violan sus garantías individuales tuteladas por la Constitución —sobre todo la relacionada con la libertades de expresión y opinión— y atacan sus derechos humanos y su derecho al disenso. Pero aún más, como si fueran fiscales renatistas, advierten a la opinadora que no debe acercarse a la quejosa Ariana Rejón, ni referirse a ella, ni ejercer acciones violentas. ¡Recáspita!

A la afectada por la infundada queja no se le conocen actitudes violentas, y como lideresa congruente solo defiende su derecho a decir su verdad. ¿Por qué se prestan los ministerios públicos del IEEC a socavarla? ¿A quién sirven estos incondicionales bajo consigna, a Alejandro Moreno o a Layda Sansores? Sus actuaciones están apartadas del camino de la legalidad, el decoro y la vergüenza, y levantan serias sospechas en la sociedad campechana. Fuera máscaras, que muestren la cara y hablen con la verdad.