En Campeche no se combate el delito, no se persigue la corrupción, ni se ataca a la impunidad. No. Se persigue a los adversarios políticos, se hostiga a la disidencia que opina diferente a la Gobernadora…
Julio Luna Carballo, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en Carmen durante esta Administración laydista, fue virtualmente exonerado por una juez de Control por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades a causa del desvío de seis millones 29 mil 521 pesos con 67 centavos, cuando fue director del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (Injucam) durante 2018.
Luna Carballo fue funcionario estatal durante la Administración de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y al igual que su entonces jefe, se despachó con la cuchara grande al apropiarse del presupuesto destinado para programas en favor de la juventud campechana.
Tuvo la suerte, el tino o la virtud de saltar del barco a tiempo y pudo pasar de funcionario público priísta, en la “era del saqueo” que encabezó Moreno Cárdenas (según dichos de la gobernadora Sansores), a ser funcionario público morenista en la etapa de la renovación moral, del combate a la corrupción, de la intolerancia a la impunidad, etcétera, que tanto pregona la 4T y que se ufana Layda Elena en su programa de los martes.
Julio Luna Carballo es un ejemplo vivo de la metamorfosis política de la 4T. Es un modelo de la transformación que pregona López Obrador y que repite como perico Layda Sansores, con la cantaleta de que “si eres del PRI, del PAN o de MOCI eres corrupto, pero si te pasas a Morena, en automático te vuelves honesto, casto, puro y santo”.
Por un monto muy inferior a los seis millones 29 mil 521 pesos con 67 centavos que se robó Luna Carballo, se ha vinculado a proceso al diputado electo Paul Alfredo Arce Ontiveros; por una cantidad más baja se persigue a Máximo Segovia, Juan Carlos Lavalle, Daniel Barreda Pavón y otros más, que tienen la agravante de ser mocistas. Para ellos todo el peso de la ley, para el amigo Julio Luna, la “justicia a secas”.
Esa es la justicia sectaria que se imparte en Campeche en la era de Layda Sansores como gobernadora. Es un ejemplo que confirma y ratifica que no se combate el delito, no se persigue la corrupción, ni se ataca a la impunidad.
No. Se persigue a los adversarios políticos, se hostiga a la disidencia que opina diferente a la gobernadora, o incluso a los líderes que representan un riesgo para que prevalezca el criterio arbitrario de Sansores San Román, como el comandante José Grajales, a quien un juez de Control sí va vincular a proceso, porque es enemigo del régimen.
Así la justicia de la 4T. Así la justicia de Layda Elena Sansores San Román. Campeche ha regresado a la era de piedra en el ámbito de impartición de la justicia.
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