Mientras el índice delictivo va al alza, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y sus mandos foráneos realizan toda clase de maniobras para concretar su sueño: tener control total del presupuesto de seguridad, que en los primeros 3 años del actual sexenio superó los 2 mil 876 millones de pesos.
Para tal fin, la consentida de la gobernadora Layda Sansores y chilangos afines buscan “estrangular” financieramente a la Fiscalía del Estado, lo que se refleja en la acumulación de carpetas de investigación y falta de resultados en el combate a la delincuencia.
El favoritismo de la mandataria hacia Marcela Muñoz se refleja en los movimientos que ha hecho, pues primero impuso a su hija Samanta Bravo Muñoz en la Policía Municipal de Ciudad del Carmen, para lo cual se confabuló con el alcalde Pablo Lazarus, quien dice ser ya el sucesor de Layda. Tuvo que renunciar ante el imparable accionar de la d3lincu3ncia organizada.
Intentó imponer en la Vicefiscalía General del Estado a su hijo Arturo Bravo Muñoz, quien al no cumplir con la Ley Orgánica fue instalado como vicefiscal adjunto. Hoy es flamante fiscal de Derechos Humanos.
Hizo todo para tumbar a Renato Sales Heredia, y lo logró, candidateó a otro foráneo de origen michoacano: Bernardo María León Olea, y tiene su segundo alfil en Juan José Lazo, a quien recomendó ante la gobernadora para ser fiscal, e incluso ya hasta reside en nuestra entidad. Sólo falta que la mandataria lo proponga al Congreso para tener otro mando foráneo.
Su estrategia de hacer creer que sus policías detienen a delincuentes pero la Fiscalía los libera, le ha dado resultado.
La ignorancia de la secretaria de Seguridad Pública es impresionante, pues las detenciones y persecución de delitos tiene que ser asentadas en una carpeta de investigación, y hay que sustentar los hechos de manera científica, cosa que al parecer no entiende la guanajuatense.
Su falta de capacidad se refleja en los resultados en materia de delitos patrimoniales del primer semestre del año, pues el Sistema Nacional de Seguridad Publica confirma 3 mil 820 casos, de los cuales 2 mil 405 son robo a casa-habitación, 442 atracos con violencia y 300 hurtos de vehículos.
Lo anterior confirma su fracaso en la prevención y combate al delito que más afecta a los campechanos, pese a tener un cuerpo policiaco de más de 1 mil 200 agentes en las calles, 90 en Inteligencia y presupuesto superior a los 2 mil 800 millones de pesos.
Como muestra, durante la semana que recién concluye se registraron en todo el Estado más de 50 robos.
Fuentes cercanas a la protegida de Layda Sansores aseguran que sueña con ser como el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, del Estado de Yucatán, es decir, perpetrarse en el poder y controlar la seguridad en el Estado, donde los números demuestra que estamos cada vez peor en seguridad.
LAS ESTADÍSTICAS
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Centro Nacional de Información instrumento para el registro y clasificación de Delitos y Víctimas señalan un incremento sustancial en carpetas de investigación en los delitos de alto impacto y un repunte considerable en los delitos patrimoniales.
En el último reporte del primer semestre del año 2024 en el rubro delitos contra la integridad y la vida se reportan un total de 2166 homicidios en el primer semestre del año, de los cuales 96 son homicidios dolosos, el reporte indican que 45 fueron perpetrados con armas de fuego, 33 con arma blanca, 51 son homicidios culposos en 49 en hechos de tránsito.
En el rubro de lesiones fueron reportadas 1 mil 931 hechos en sus diversas modalidades y en el rubro de feminicidios se contabilizaron un total de 5 hechos, uno por cada mes.
Son 9 mil 379 carpetas de investigación que se recibieron por diversos delitos de los cuales el 40.7 por ciento son delitos patrimoniales.
Tres mil 820 delitos patrimoniales de los cuales 2 mil 405 son robo a casa habitación, robo con violencia 442, robo de vehículos se suscitaron 300 robos, en la estadística destaca que el robo a embarcaciones mayores y menores no se registró ningún hecho a pesar de que a principios del año comando armado asaltó una bodega de pescadores y se robaron dos embarcaciones en el poblado de Lerma, Campeche.
NÚMEROS DE AGENTES
La Fiscalía del Estado de Campeche al momento cuenta sólo con cerca de 290 elementos de la policía investigadora y poco más de 160 ministerios públicos en toda la geografía estatal, cuenta con un grupo de inteligencia con dos elementos que trabajan para identificar grupos delictivos que operan con total impunidad en el Estado.
Esto para atender la necesidad en delitos que afectan a 928 mil 363 personas que residen en Campeche, es imposible dar resultados en materia de delitos ante la falta de elementos investigadores para el combate a los delitos.
La Fiscalía del estado de Campeche cuenta en la ciudad con un promedio diario de 30 elementos para investigación de las carpetas a esto se le resta que por lo menos 5 se dedican al acompañamiento del convoy de vigilancia que preside la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana otra ocurrencia más de la consentida de los campechanos, Marcela Muñoz que busca distraer al personal de investigación.
De los 25 elementos restantes 10 se dedican a la investigación, cateos y mandamientos judiciales, del resto 5 se dedican a investigación de robos en la ciudad en un promedio 14 robos diarios como lo marca la estadística del mes de enero del 2024, en robos tan solo a casa habitación.
Los otros 10 elementos se dedican a resguardo de instalaciones gubernamentales como lo es la Fiscalía del Estado, así como de funcionarios de primer nivel.
Esto sin contar que los agentes investigadores de la fiscalía del estado gozan de periodos vacacionales y de maternidad, según marca la ley.
El limitante económico y así como la falta de equipamiento en la Fiscalía es evidente con un gran número de unidades inservibles, falta de gasolina e instalaciones en evidente estado de deterioro por la falta de mantenimiento, destacamentos en los municipios a si como en destacamentos en comunidades han sido desmantelado ante la falta de recursos para su mantenimiento, falta de personal operativo y de ministerios públicos.
Las carencias en el combate a los delitos son evidentes tras el reporte nacional, esto a pesar de que los últimos en cargados de la Fiscalía del Estado han solicitado y exigido mayor equipamiento y plazas para agentes ministeriales, peritos, y ministerios públicos, solo han recibido migajas por parte del gobierno de Layda Sansores a trevés de su secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, quien mantiene favoritismo hacia Marcela Muñoz.
Mientras a la Fiscalía le autorizan 20 plazas, a la guanajuatense, tan sólo en la última generación de Policía Estatal Preventiva, le autorizaron 250 elementos.
El negocio es redituable, pues en los primeros 3 años de la Administración de Layda Sansores la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha manejado en recursos estatales y federales, más de 2 mil 876 millones 211 mil 715 pesos en seguridad pública.
Cortesía: Estamos Unidos Campechanos y El reportero del crimen.
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