El exfiscal Sales tuvo que admitir que las ejecuciones, las mantas y las agresiones a balazos contra casas y negocios, forman parte de las disputas cotidianas entre los grupos de narcotraficantes…
Una ejecución más al estilo sicarial y seis narcomantas colgadas en diversos sitios públicos de la ciudad capital, entre ellos las rejas de un jardín de niños, son pruebas fehacientes de que el descontrol ha empeorado en el tema de la seguridad pública, ante la apatía, negligencia, incapacidad e ineptitud de la secretaria Marcela Muñoz Martínez, y de su jefa la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
No son temas que aborde pública y detalladamente la senecta gobernadora, porque su objetivo principal es ocultar la ineficiencia de su amada Marcela. Por eso, en sus “cuatro del Jaguar”, donde presume en los medios de comunicación a su servicio, sus presuntos logros, difunde la recuperación de una o dos motocicletas o la detención de borrachitos, pero nada en contra de los delitos de alto impacto.
En una de sus últimas declaraciones, el entonces fiscal Renato Sales Heredia —a quien por cierto no se le ha incluido ni en el más triste puesto del gabinete federal—, llegó a admitir que las ejecuciones, las mantas y las agresiones a balazos contra casas y negocios, formaban parte de las disputas cotidianas entre los grupos de narcotraficantes que operan en la ciudad.
No dio más detalles, ni identificó cuáles de los cárteles nacionales operan en la entidad. Después de eso le pidieron su renuncia y el tipo desapareció, dejando en Campeche la presencia de esos grupos delincuenciales y sus secuelas, como estamos viendo: ejecuciones, narcomantas y cobros de derecho de piso.
Que esas acciones violentas se hayan concentrado en Campeche capital, podría tener también un trasfondo político, porque hasta ahora, Ciudad del Carmen, que es la plaza más disputada por los cárteles de la droga, se había estado llevando el primer lugar en cuanto a índices de inseguridad.
Expandir ese fenómeno a Campeche pretende, aparentemente achacar la culpa a las nuevas autoridades municipales, a pesar de que el combate de esos hechos delictivos es responsabilidad directa de la Fiscalía, de la SPSC y de sus pares federales.
Lo cierto e innegable es que cada día empeora la inseguridad pública en la capital y en el resto del Estado, y que ni Marcela ni Jackson Villacís son capaces de dar la cara y de explicar a la ciudadanía qué está pasando y qué están haciendo para que esta situación se normalice.
Tal vez esperan a que haya narcobloqueos y abiertos enfrentamientos en calles y avenidas, para admitir que el problema existe y que ellos no tienen capacidad para resolverlo. Nunca lo han tenido y por lo vemos y apreciamos, nunca lo tendrán.
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