En tan solo dos años —los dos primeros de la ineficiente gobernadora Sansores— un total de 36 mil 427 campechanos se quedaron esperando que les hicieran justicia…
Mucho ha ostentado la inepta y negligente gobernadora Layda Elena Sansores San Román supuestos avances en materia de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la delincuencia en la entidad, pero en los hechos, y con base en datos duros de diversas instituciones, se le ha desmentido de manera reiterada, pese a lo cual, continúa con sus falsos dichos.
Hace unos días, el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch le restregó públicamente que Campeche ya no se encuentra entre los tres estados más seguros del país, como ella tercamente se encargado de difundir, junto con su corrupta e incompetente Marcela Muñoz Martínez, pues ya ocupa el sexto sitio, y está en vías de bajarse más al fondo.
Cada vez que abre la boca, pero de manera insistente en su “Martes del Jaguar”, la senecta mandataria también ha insistido en que hay avances en materia de procuración de justicia, y como perico, ha repetido la cantaleta de exhortar a la ciudadanía que es víctima de algún delito, que presente la denuncia correspondiente, para que la Fiscalía pueda actuar y sancionar al infractor o delincuente.
Los números oficiales permiten asegurar sin embargo, que hasta en eso ha fracasado la inepta Administración de la senecta Sansores San Román, pues según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal correspondientes a 2023 y 2024, ni siquiera dos de cada diez delitos que se denuncian culminan su proceso de investigación adecuadamente.
Las cifras de la encuesta levantada en 2024, (pero que corresponden al año 2023), señalan por ejemplo que se iniciaron un total de 21 mil 861 carpetas de investigación, y se “cerraron” solamente 673, por lo que quedaron pendientes alrededor de 18 mil 308, con un déficit del orden del 83.7 por ciento.
En el censo de 2023, que aborda las cifras de 2022, los números no fueron muy diferentes: de 22 mil 305 carpetas de investigación iniciadas, culminaron solamente 529 y quedaron pendientes de resolver 18 mil 119, es decir, el 81.9 por ciento.
En tan solo dos años —los dos primeros de la ineficiente gobernadora Sansores— un total de 36 mil 427 campechanos se quedaron esperando que les hicieran justicia. En contraparte, esa misma cantidad de presuntos delincuentes o infractores, siguen gozando de la impunidad que les brinda la ineptitud de la Fiscalía General del Estado.
Hay muchos factores que influyen en estos pésimos resultados, fundamentalmente la falta de personal y el recurrente recorte del presupuesto. Campeche aparece en las estadísticas como el tercer estado con el más bajo recurso asignado a la Fiscalía. ¿Cuestión de prioridades? ¿O una simple prueba más de la ineficiencia e ineptitud de este Gobierno?
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