El Congreso de Campeche, dominado por Morena, ha modificado la ley para permitir que Arturo Bravo Muñoz, hijo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, pueda ser nombrado como Vicefiscal General de la Fiscalía General del Estado (FGECAM). Esta decisión ha generado preocupación y críticas, al considerar que la seguridad del estado quedará en manos de una familia foránea.
Juan Francisco Portela Rodríguez, del Colegio de Profesionales Barra de Abogados de Campeche, destacó que la modificación para eliminar el requisito de residencia responde a órdenes directas de la gobernadora Layda Sansores, y lamentó que una posición tan importante pudiera ser ocupada por alguien sin arraigo en Campeche, en lugar de un profesional local.
Portela Rodríguez denunció el evidente influyentismo detrás de este nombramiento y expresó su preocupación por la imposición de figuras cercanas al actual gobierno en puestos clave de seguridad. “Lo lamentaría mucho que un espacio que podría ser ocupado por un campechano quede en manos de alguien de fuera”, señaló.
La ciudadanía está atenta al desempeño de Bravo Muñoz, pero el mensaje es claro: la decisión de permitir que la seguridad de Campeche quede en manos de una familia foránea genera un clima de incertidumbre y posibles riesgos para el estado.
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