“En la Constitución se asienta el respeto que se tiene que tener hacia el Ayuntamiento, porque no puede venir una obra federal hacer algo en el Municipio y no cumplir con esos requisitos”, aseveró Alfonso Alberto González Fernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).
Lo anterior, al opinar sobre la modificación en la Ley de Obras Públicas que realizó el Congreso del Estado, para exentar al Gobierno de Layda Sansores de cumplir requisitos de enterar y pedir permiso a la Comuna campechana, tras lo cual pusieron en marcha la obra del Tren Ligero.
Los organismos intermedios, los colegios de ley, son órganos intermedios de consulta de la sociedad, de acuerdo con la Ley de Profesiones, y los ciudadanos deben exigirle al colegio que se aplique, cuestione, analice y vea si es correcto lo que se está haciendo, recalcó.
El también secretario general nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), e integrante de la comisión de infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que existe la autonomía del Gobierno Municipal, que debe exigir, al igual que la sociedad.
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