Cifras que embarran

El impacto económico de la inseguridad en los hogares campechanos alcanzó los mil 800 millones de pesos en 2023, un promedio de seis mil 79 pesos por persona afectada y confirma el rotundo fracaso de las comadritas Layda y Marcela…

El Instituto Nacional de y Geografía (Inegi), le acaba de propinar a la nefasta y perversa gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y a su mentirosa y negligente secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, el desmentido más contundente del año.

Su coordinador estatal en Campeche, David Rafael Espadas Cobá, reveló cifras alarmantes sobre la inseguridad en el Estado. Con base en sus estudios, afirma que durante 2023, el 26.7% de los hogares en Campeche sufrió al menos un delito, lo que equivale a 75 mil 540 hogares de un total estimado de 283 mil 423. Este porcentaje supera las cifras registradas en años anteriores, que fluctuaron entre el 19.8% y el 25.6% desde 2018.

Este solo dato, que no parte por cierto, de los “chayoteros”, ni de sus “adversarios políticos”, debiera ser causal para el cese fulminante de la guanajuatense Muñoz Martínez, como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Esas cifras confirman que la amada Marcela no está cumpliendo con su obligación de proteger y darle seguridad a la ciudadanía.

Ya hemos escrito en este mismo espacio, que la Fiscalía retomó la estrategia de Gobiernos anteriores, para no abrir carpetas de investigación por los delitos denunciados. Lo que de entrada, los “favoreció” con una “reducción” en la cifra de robos.

Pero esto va propiciar el incremento de la llamada “cifra negra” de delitos, es decir, aquellos que no se denuncian o no se investigan, y que para el año pasado rondaba en un 89.9%. Es decir, casi nueve de cada diez delitos que se denuncian quedan impunes. Lo que magnifica el tamaño del fracaso de la Administración laydista.

Y es que entre las razones más comunes para no denunciar, según el propio Inegi, los ciudadanos señalaron la pérdida de tiempo (41%) y la desconfianza en las autoridades (11.3%), así como trámites engorrosos y actitudes hostiles por parte de las mismas.

A eso hay que sumarle el costo económico del delito y que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el impacto económico de la inseguridad en los hogares campechanos alcanzó los 1.8 mil millones de pesos en 2023, lo que representa un promedio de seis mil 79 pesos por persona afectada.

Y este dato —las pérdidas económicas— son una contundente prueba palpable de que las autoridades en lugar de ayudarnos nos afectan cada día más, sobre todo en el caso de la guanajuatense Marcela Muñoz, quien sigue gozando del amor de la Gobernadora, pero quien sigue dando muestras de ineptitud, negligencia e incapacidad. Y las cifras del Inegi lo confirman.