EXPEDIENTE | PILLADOS DOS HIJOS DEL PODER

Están atrapadas en impresionante cascanuez la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, su comandanta Marcela Muñoz Martínez y la titular de la atención a las mujeres, Vania Kelleher Hernández. No tienen asidero para explicar convenientemente los excesos, sin asomo de dudas, de sus descendientes, cachados en ilegalidades.

Los hijos de Muñoz Martínez y Kelleher Hernández, Arturo Bravo Muñoz y su compañera, amiga, pareja o esposa —no está claro—, Andrea Sadek Kelleher, fueron pillados de haber ingresado a la zona arqueológica de Calakmul, sin cumplir con los protocolos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Ingresaron sin autorización, en horas de la madrugada, y en el colmo de la presunción y la burla subieron el periplo a sus redes sociales, en el que fueron acompañados por la influencer Pawi Huerta, que ya se excusó de su proceder ante el organismo, que consideró no era ilegal, y que había sido engañada.

Arturo Bravo Muñoz funge como vicefiscal en la Fiscalía General de Justicia de Campeche, donde goza de amplio poder. Se asegura en círculos de esa dependencia, que es espía de su madre, la comandanta Marcela. Él y Andrea se saben pudientes e influyentes por las posiciones políticas de su progenitoras. Saben que no procederá ninguna sanción, y menos comentarios intimidatorios de miembros del gabinete.

Y lo confirma el silencio de Sansores San Román, que dio un portazo en las narices de los reporteros que requirieron su opinión sobre los hechos, a los que ignoró y molesta se dirigió a abordar una Suburban, custodiada por otros lujosos vehículos ocupados por al menos diez guardaespaldas. Algunos comunicadores han comentado a esta columna, que han recibido amenazas de que se atengan a las consecuencias si persisten en saber sobre el tema. Enfrentarán seguramente la ira de los policías preventivos o de la Fiscalía. Tal vez a alguno de ellos como escarmiento le pongan un 4, que en la jerga policiaca es, busquen como joderlos.

Ya se imaginará el lector los comentarios, que han abundado en las redes sociales, por el desaguisado, que ha merecido la atención nacional, sin que hasta el momento se conozca qué sanciones aplicará el INAH.

Y no se terminaba de digerir la versión de la violación a los protocolos del INAH, cuando otra piedra de escándalo lo constituiría Samantha Bravo Muñoz —hija de la misma comandanta de Protección y Seguridad Ciudadana—, que fracasó en la posición que por recomendación obtuvo en el Ayuntamiento del Carmen, al ser sorprendida cuando abordaba con una menor, un vehículo con guardaespaldas y gasolina pagada por los contribuyentes campechanos, sin que tenga alguna función específica en el Gobierno de Layda Elena.

La sociedad campechana está con los ojos cuadrados por la serie concatenada de abusos de los miembros de la familia de la guanajuatense Muñoz Martínez, que sigue sin recibir al menos una reprimenda pública. La corrupta gobernadora se ha tornado ciega, sorda y muda a los reclamos de cesarla, tras el incidente en el penal de Kobén, que estuvo a punto de terminar en tragedia, y que rubricaron con el cese de las y los policías que protestaron por la carencia de información y de herramientas para enfrentar la comisión.

Y aquí las interrogantes: ¿Dónde está el ejemplo de aquellos que ofertaron ser diferentes a los que los antecedieron? No lo hay. ¿Dónde están los resultados de sus supuestas buenas acciones? No se ven por ningún lado. ¿Dónde está la austeridad que prometieron? Nunca la hubo. ¿Dónde está la humildad de quienes son servidores públicos? No la conocen. Así de simple.

Layda Elena Sansores San Román impertérrita, indudablemente que ya se encuentra inscrita en la historia campechana como una de las peores gobernantes que ha padecido Campeche. Ciega, sorda, muda, cínica, impulsiva, desvergonzada, inhumana, vengativa y corrupta hasta la médula. Y pensar que aún le quedan 30 meses a su nefasto Gobierno… Salvo que el pueblo se una y la expulse del poder.