Fuerza Informativa Azteca expuso que durante 2025 se ha registrado un aumento sostenido de acciones legales y judiciales contra periodistas y medios de comunicación en México, con al menos 51 casos documentados en el último año, la mayoría vinculados a gobiernos estatales encabezados por Morena, donde fiscalías y jueces son utilizados como mecanismos de presión frente a la crítica periodística. Entre los episodios más graves destaca el de Campeche, donde la gobernadora Layda Sansores San Román denunció por violencia política de género al periodista Jorge González y al medio Tribuna, lo que derivó en su censura y en una medida inédita: una jueza debe revisar y autorizar previamente los contenidos del medio antes de su publicación. A nivel nacional, el patrón se repite con procesos judiciales contra comunicadores en Puebla, Guerrero y Veracruz, incluyendo restricciones de movilidad, firmas periódicas ante el Ministerio Público, arraigos domiciliarios y acusaciones por delitos graves tras investigaciones sobre presunta corrupción, lo que ha encendido alertas sobre el uso del aparato judicial para inhibir el ejercicio periodístico.
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