Una publicación difundida por la página “La Peste” señala que las dos mujeres detenidas tras la marcha del 8 de marzo en Campeche serían “presas políticas” del gobierno estatal encabezado por Layda Sansores San Román. De acuerdo con el señalamiento, el caso conocido como la “Fogata de extorsionadoras” habría sido un montaje atribuido a la administración estatal, con el objetivo de justificar las detenciones derivadas de la movilización feminista.
Según la denuncia, el trasfondo de los hechos estaría relacionado con acciones legales emprendidas por las propias convocantes del 8M, quienes previamente denunciaron a policías estatales por presuntos delitos como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y lesiones. En este contexto, se afirma que una de las detenidas, identificada como Elena, se encontraba documentando en video el actuar policial al momento de su arresto, mientras que Yahari Brito habría sido detenida en un punto distinto de la ciudad, tras haber recibido amenazas directas de la gobernadora.
La publicación sostiene que ambas mujeres enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio, aun cuando —según se afirma— no se encontraban en el lugar de los hechos que se les imputan. Ante esta situación, se exige su liberación inmediata y que se investigue la actuación de las autoridades estatales y elementos policiales involucrados, al considerar que se trata de un caso de criminalización de la protesta social.
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