Al justificar la demanda por daño moral que interpuso Walther David Patrón Bacab, vocero de la gobernadora Layda Sansores y acusar a TRIBUNA de haberse “excedido en la libertad de expresión”, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, Arturo Aguilar Ramírez, aseguró que el Gobierno del Estado garantiza la libertad de expresión, “y cualquier comunicador que se vea violentado en sus derechos puede pedir la protección del Gobierno Federal”.
El expanista, funcionario en el gabinete de Layda Sansores, aseguró que “en muchas ocasiones TRIBUNA ha excedido la libertad de expresión. Hay de libertades a libertades, y en el caso de ese medio, no es la primera vez que le meten demandas por daño moral, porque en muchas ocasiones se ha excedido en esa libertad”.
Y en pleno desconocimiento del tema, expresó que “el último caso que resolvió un Tribunal es el de Sonia Cuevas, donde quedó demostrado que ese medio atentó contra sus derechos, y dañó la moral de la señora”.
Sonia Cuevas sí demandó por daño moral a un medio de comunicación, pero no a TRIBUNA. Sí, fue por daño moral contra directivos del corporativo Multimedios Campeche, editores del diario La Opinión, sentenciados a pagarle seis millones de pesos, cuyo proceso penal por fraudes procesal y fraude, iniciado en el final del sexenio pasado, paralizó mediante chicanerías el fiscal Renato Sales Heredia, en complicidad con magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Del asunto conoce un tribunal federal.
Insistió en que Patrón Bacab tiene derecho de ejercer acción legal cuando considere que las afirmaciones en el medio no encuadran en una verdad, y del actuar de la gobernadora Sansores que exhibió a los periodistas Luis Armando Mendoza Leciano y Miguel Ángel Escamilla Gómez, balbuceó que está expresando lo que considera.
Al final ellos también tienen derecho a la libertad de expresión, mientras no afecten el derecho de terceros; mientras no haya un acto que vulnere ese ejercicio, pues yo creo que todos están en su derecho, tanto ella de publicar como ellos de publicar, indicó.
Si hay o no un mal mensaje hacia los periodistas y la libertad de prensa el hecho de que el vocero del Gobierno del Estado haya demandado a un medio de comunicación, sentenció: “No importa quién sea, es más cualquier funcionario no deja de ser ciudadano y de ejercer sus derechos, porque la Constitución no diferencia entre funcionarios y ciudadanos, al final él está en su derecho de demandar”.
Aseguró, sin embargo, que el Gobierno del Estado garantiza la libertad de expresión “y cualquier periodista que se vea violentado en ese derecho, puede también pedir protección al Gobierno Federal”.
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