Mientras que la Fiscalía del Estado se conformó con la medida cautelar, la defensa del exfuncionario federal acusado de asesinar a embarazada y elemento de la Guardia Nacional (GN), además de dejar discapacitada a infante, apeló la vinculación a proceso, así como las firmas periódicas y el pago de 200 mil pesos.
Aunque goza de su libertad, C. A. G. C. —el imputado—, mostró su inconformidad contra la sujeción a la investigación judicial, además de las medidas cautelares impuestas por la jueza de Control, Guadalupe Taboa.
El recurso de apelación fue emitido el miércoles 6 de abril, ante la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Campeche (PJEC), a fin de que le den trámite y se realicen las audiencias correspondientes para su desahogo.
Los magistrados integrantes de la Sala Penal podrían darle la razón y emitirían alguna reposición del procedimiento, en caso de encontrar alguna irregularidad.
No hay plazo para que se emita el fallo, aunque se estima que podría haber resolución de cuatro a seis meses, entre tanto, el proceso judicial se detendrá.
De acuerdo con lo integrado en la carpeta judicial 199/21-2022, otras de las medidas impuestas a C. A. G. C., es que no puede acercarse a los familiares de las víctimas.
En caso de querer llegar al acuerdo para una salida alterna al proceso y el pago de la reparación del daño, deberá hacerlo a través de su abogado defensor y con el asesor de los ofendidos.
Si no llegara a cumplir con las disposiciones, la autoridad jurisdiccional podría ordenar otras acciones, inclusive la prisión preventiva justificada.
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