Con el pretexto de “utilidad pública”, el Gobierno de la República continuó con su expropiación de predios ejidales en la entidad, la mayoría con alto valor forestal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), publicó un decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública terrenos en Campeche, en los municipios de Calakmul y Escárcega, a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de Federación (DOF), uno de los terrenos corresponde a la superficie de 02-49-83 hectáreas, del ejido Nuevo Centro de Población Ejidal Pablo García, municipio de Calakmul, Campeche. El otro corresponde a la superficie de 11-90-97 hectáreas, del ejido Nuevo Centro de Población División del Norte y sus anexos, municipio de Escárcega, Campeche, a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.
La Sedatu recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece los programas y proyectos que constituyen las prioridades de atención estratégica a problemas públicos identificados. Asimismo, expone como una de las tareas centrales impulsar la reactivación de la economía, para que esta vuelva a crecer a tasas aceptables y se fortalezca el mercado interno y el empleo mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura.
En este sentido, el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona, desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
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