Por Raúl Rodríguez
AMLO finalmente reconoció el pasado jueves primero de junio que en su Gobierno ocurre el mayor número de homicidios dolosos en la historia reciente del país, pero lo atribuyó a una “mala herencia” de los dos gobiernos que lo precedieron.
Innegable es la escalada violenta que inició con la guerra al narcotráfico de Felipe Calderón que —a juicio de López Obrador— instauró con Genaro García Luna un narcoestado; y continuada —pese al cambio de la narrativa mediática— por el de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el Presidente de la República no puede, ni debe deslindarse de lo ocurrido en inseguridad y violencia durante los poco más de cinco años que lleva su mandato, porque el hecho es que no ha atajado la crisis de seguridad que prometió lograría en seis años.
El caso es que de acuerdo con el primer informe semestral de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública presentado el pasado martes 30 de mayo a una comisión bicameral del Congreso, conforme a la obligación de hacerlo derivada de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (18/11/2022), que determinó que el Presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada permanente durante un período de nueve años en tanto la GN desarrolla su estructura y capacidades, el Gobierno de la 4T ha rebasado en lo que va de su quinto año de gestión el total de homicidios dolosos de los de Peña Nieto y Calderón.
Las cifras dadas a conocer — resultado de una elaboración hecha con base en carpetas de investigación— revelan que en el período de diciembre de 2018 a abril de 2023 se cometieron 146 mil 407 homicidios dolosos.
De acuerdo con medias de incidencia mensual y anual —no obstante, la pequeña tendencia a la baja mostrada en las cifras del informe de marras— se proyecta que el Gobierno de AMLO cerrará con 162 mil 970 homicidios dolosos, esto es, 4.1% más que los 156 mil 437 del Gobierno de Peña y 25.4% más que los 121 mil 613 del de Calderón. Si bien esta lectura es resultado de comparativos con los dos gobiernos anteriores, se puede hacer otra que compara lo ocurrido a lo largo de este sexenio, que fue en la que enfatizó el informe al Congreso, que por lo mismo es más optimista y que, por supuesto, no es desdeñable.
Esa nos habla de una disminución de 12.73% de los homicidios dolosos entre diciembre de 2018 y abril de 2023, así como de 60% en el secuestro y de 38.8% en el transporte público, aunque acusa aumentos de 45.4% en trata de personas, 41.9% en narcomenudeo y 25.3% en extorsión.
Hay cifras en el informe que muestran un esfuerzo mayúsculo frente a una crisis que no cede: el despliegue de casi 80 mil efectivos de la Fuerza Armada permanente (el mayor número en Sinaloa, Guanajuato y Chiapas), la detención de casi seis mil personas, el aseguramiento de 26 toneladas de cocaína, 44 de mariguana, una y media de metanfetaminas y 1.2 de fentanilo; y la incautación de más de 58.2 millones de pesos y 63.3 millones de dólares.
Por otra parte, de acuerdo con encuestas del Inegi, una percepción de inseguridad que bajó a 62.1% desde el 76.8%, el índice más alto registrado en marzo de 2018.
¿Qué se puede concluir del repaso de estas cifras? Que AMLO, al igual que sus dos predecesores, fracasó en reducir el número de asesinatos que desangran al país por la violencia criminal. Es triste, alarmante y decepcionante.
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