Layda Sabina

Hay otros personajes públicos en conflictos similares, y es el día que el Gobierno de la nefasta Layda Sansores San Román no se ha pronunciado por la aplicación estricta de la ley…

Se hizo mucho escándalo en torno a la postura de diputadas federales de Morena, el PRI, el PVEM y el PT para impedir el desafuero del exgobernador de Morelos y hoy diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación, pero poco se ha replicado en Campeche la protección que la gobernadora Layda Sansores le brinda a servidores públicos involucrados en delitos contra mujeres.

Uno de ellos es el alcalde morenista de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, acusado desde hace 12 años de evadir su responsabilidad en el pago de pensión alimenticia para un menor de edad.

Agrupaciones feministas, amparados en la Ley Sabina, que busca garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia a través de medidas como la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la restricción de derechos a quienes no cumplen con sus obligaciones, han insistido en que el edil escarceguense asuma su responsabilidad, pero bajo diversas excusas se ha negado.

Es un caso que ya ha sido ventilado en los  juzgados incluso con un fallo en su contra del Consejo de la Judicatura, pero Hernández Rath pretexta motivación política en ese reclamo, por lo que el Gobierno morenista lo ha arropado en perjuicio de los derechos de un menor de edad.

“El poder no exime de responsabilidades; 12 años de evasión, 12 años de injusticia. Basta de impunidad, cumpla ya con sus obligaciones” le han publicado en redes sociales las agrupaciones feministas que revelaron que el edil morenista “ha recurrido a amparos para evadir la prueba de ADN y, con ello, ha obstaculizado el derecho del niño a la identidad y a la verdad”.

Hay otros personajes públicos en conflictos similares, y es el día que el Gobierno de la nefasta Layda Sansores San Román no se ha pronunciado por la aplicación estricta de la ley.

En su defensa Hernández Rath argumenta que tuvieron que pasar 12 años para que la madre del menor reclamara sus derechos, pero habrá que observarle que el juicio ya lleva algunos años y todo el tiempo se ha negado a acatar el fallo de los juzgadores, bajo el cuento de que el menor tiene un acta de nacimiento en donde no aparece él como su padre. Nunca ha negado empero, que sea su hijo, y tampoco ha permitido que a través de la ciencia se devele cualquier duda al respecto.

Una mancha más para el Gobierno antifeminista de la represora Layda Sansores, que protege a quienes se niegan a cumplir con sus obligaciones legales. Pena por ambos.