A pesar de que la gobernadora Layda Sansores aseguró que su gobierno no ha reprimido a nadie, la realidad es otra. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) ha ejecutado 145 despidos masivos en los últimos meses, como represalia por la manifestación pacífica de policías en marzo de este año. Entre los despedidos está el licenciado Santiago Román Chulín Noh, psicólogo certificado por C3 de México, quien fue obligado a firmar su “renuncia voluntaria” y sin recibir la liquidación correspondiente.
Además de los despidos, los afectados han sido intimidados por la administración de Marcela Muñoz Martínez. Rutilio Jiménez Madrigal, director del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), no brindó respaldo a los empleados y les recomendó evitar denunciar la situación, ya que esto podría generar represalias. La actitud represiva de los mandos ha causado indignación entre los elementos de la Secretaría, quienes han señalado las carencias en el sistema de seguridad y la falta de recursos para enfrentar los retos del estado.
La situación se complica aún más con el hecho de que Marcela Muñoz y su equipo, quienes no aprobaron los exámenes de control y confianza en 2022, planean volver a presentar dichos exámenes a finales de este año o principios de 2025. Sin embargo, se rumorea que estos exámenes podrían estar manipulados para garantizar su aprobación, lo que incrementa la desconfianza en la administración estatal. La Gobernadora y su equipo dicen que no hay represión, pero las evidencias apuntan a lo contrario: despidos arbitrarios, amenazas y un manejo opaco de los procesos clave de seguridad.
La Gobernadora dice que no hay represión, pero los despidos masivos, las amenazas y las maniobras para garantizar la permanencia de personal no calificado hablan por sí solas. ¿Hasta cuándo seguirán silenciando a los trabajadores y perjudicando a la seguridad de todos?
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