En su reciente programa del “Martes del Jaguar” (3 de septiembre de 2024), la corrupta y arbitraria gobernadora Layda Elena Sansores San Román, junto con el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, demostraron una vez más su abierta intromisión en el proceso electoral campechano y el desvío de recursos públicos, tanto pecuniarios como humanos, para ponerlos al servicio de Morena.Sin rubor alguno, con una entonación en su vocecita que suena poco varonil, Alcudia Vázquez explicó cada uno de los 11 juicios de inconformidad que ha tenido que defender respecto a las impugnaciones que presentaron los partidos Movimiento Ciudadano y PRI por diversas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral, entre ellas, qué curioso, la permanente violación al principio de imparcialidad en que incurrieron tanto el chilanguito de voz melodiosa, como su jefa, la gobernadora Sansores San Román.
En su calidad de jefe de los abogados que cobran en la nómina del Gobierno del Estado para defender los intereses de Morena y de la señora Sansores, el abogadito Juan Pedro Alcudia explicó a detalle la defensa que implementó para que se revirtiera el resultado en el Distrito 7, donde los votos fueron mayoritariamente favorables para el mocista Jorge “Coco” Ávila Montejo, pero que el Tribunal Electoral del Estado aceptó truquear para favorecer al morenista Omar Talango.
¿Desde cuándo la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado tiene como una de sus funciones defender las impugnaciones que se presentan contra un partido político? Se entiende que el delicadito Juan Pedro Alcudia haya defendido a su jefa gobernadora de las acusaciones que en su contra presentaron el PRI y MOCI, pero ampliar esa defensa a favor de los intereses de Morena es un acto constitutivo de delito electoral, y aún más de peculado, por desviar recursos públicos, tanto humanos como económicos, a favor de Morena.
¿Cuántas veces Layda Sansores encabezó protestas para acusar en su momento al PRI o al PAN, de desviar recursos públicos para sus respectivos partidos? Si bien es cierto que eso ocurrió en infinidad de ocasiones, también lo es que la entonces senadora de cabeza guinda jamás presentó pruebas que acrediten que tal ilícito existía.
En cambio ahora, tanto la senecta mandataria como su servil y afeminado consejero jurídico se encargaron de presentar las pruebas de los delitos en que están incurriendo y hasta tuvieron la osadía, el cinismo y la desvergüenza de transmitirlo en vivo y a todo color a través de sus redes sociales para que podamos admirar cómo en Campeche se violan las leyes electorales.
Esperamos que los magistrados y los consejeros electorales, los asesores jurídicos de los partidos políticos, y los legisladores locales y federales de todas las corrientes corroboren esa explosión de cinismo en que incurrieron la corrupta Layda Sansores y su asesorcito jurídico, para que procedan legalmente en su contra. Ya basta de tantos excesos, abusos, y ejercicio indebido del poder público.
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