El plan B de AMLO vulnera al INE y a su independencia

Al acusar de fraude a la ley, vulneración a la autonomía e independencia, inequidad en las contiendas electorales y afectaciones al personal, el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del decreto del plan B de reforma en materia electoral, ante violaciones a unos 200 artículos que afectan 25 disposiciones constitucionales, declaró el vocal ejecutivo de la Junta Local de este organismo en Campeche, Fernando Balmes Pérez.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impugnó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado dos de marzo de 2022.

Esta controversia constitucional, señaló, se suma al recurso interpuesto el primero de febrero en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

El INE solicitó al máximo tribunal del país la suspensión, agregó, y en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpe la aplicación de la reforma, y por lo tanto sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el órgano electoral nacional y los derechos políticos de la ciudadanía.

Se articuló la controversia constitucional por la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues incurrieron en franco fraude a la ley, al dar trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo.

También acusa de vulneración a la autonomía e independencia del INE por los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que demanda la invalidez de gran parte de la reforma, como la invasión a su esfera competencial.

Denuncia la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE, ya que prevé el desmantelamiento de la estructura orgánica y la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

Es antifeminista y retrógrada: PRD

El plan B de la reforma electoral es retrógrada, antifeminista y violadora de los derechos humanos de las mujeres, al quitar la obligatoriedad de los partidos a postularlas en candidaturas y dejarlos a su libre albedrío, repudiaron mujeres del PRD, al solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las perredistas, encabezadas por la secretaria de Asuntos Electorales, Paola Vázquez Díaz, y la coordinadora estatal de la Organización Nacional de Mujeres (ONM), Nelly Bagdadi Pérez, entregaron la petición a representantes de la presidenta de la Comisión, Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, al considerar regresiva la ley promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la mujer y a la propia Constitución Federal, denunciaron.

Y sentenciaron que de acuerdo con el artículo 105 constitucional, la Codhecam puede ejercer la acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, a fin de que se le regrese al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad para garantizar la paridad de género y evitar la violencia política contra la mujer.

Vázquez Díaz acusó que el plan B violenta los derechos político-electorales de las mujeres, ya que pretende que cada partido político sea el que haga al libre albedrío su lista de postulación de candidaturas en los procesos electorales y decida qué porcentaje otorgarles, o simplemente no incluirlas.
Igualmente pasa con los espacios que son para la diversidad sexual. Ahora será a criterio de cada partido político, no asegurándose estos espacios que con mucho esfuerzo se han logrado. Es una ley totalmente retrograda, antifeminista y violentadora de los derechos humanos, afirmó.

Bagdadi Pérez expuso que las mujeres, y en especial las del PRD, pugnarán porque se protejan los derechos político-electorales de las féminas, denunció que la violencia política en razón de género estaba clara en las leyes, pero ahora se le ‘quitan las alas’, por lo que pidió a la Codhecam cumplir con su función de proteger los derechos humanos.