Persigue Layda a 30 de sus críticos

Políticos, comunicadores y medios son sus blancos favoritos, con más de 50 demandas

Al estilo de la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas, con orden repetitiva de “que le corten la cabeza”, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román estalla ante la más mínima crítica, e instruye a que demanden al supuesto ofensor. Y así, acumula más de 50 recursos legales en contra de políticos de todos los colores, medios de comunicación, periodistas y columnistas. Su argumento favorito es violencia política en razón de género.

El equipo legal que la acompañó en campaña está posicionado en importantes direcciones dentro del Gobierno Estatal, y los integrantes de su Consejería Jurídica le sirven de abogados particulares que se reparten en juzgados y tribunales de Campeche, Xalapa, Ciudad de México y Nuevo León para atender los asuntos que cotidianamente ordena Sansores San Román, que alcanza el heráldico nombramiento de “Lady Demandas”.

La gobernadora distrae de sus funciones principales a la Consejería Jurídica, a la que utiliza como si fuera su despacho legal, toda vez que cuando no atienden las demandas en su contra por sus dichos en sus programas “Martes de Jaguar”, interponen denuncias por cuanta crítica la molesta e irrita.

Entre sus personajes preferidos para demandar está primero Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador, diputado federal y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien mediante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), a cargo de Renato Sales Heredia, solicitó en la Cámara de Diputados juicio de procedencia para desaforarlo, al acusarlo de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, le correspondió al consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez revisar y formalizar el expediente, para que Sales Heredia lo entregara en la Cámara Baja.

En paralelo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados citó a Sales Heredia para que explicara el robo de un equipo de espionaje valuado en más de 800 millones de pesos, cuando se desempeñó como comisionado nacional de Seguridad. No se presentó, pese a que podría enfrentar sanciones penales.

Así, entre demandas y desacatos, el equipo de Alcudia Vázquez estira los tiempos, pues cuenta, asimismo, con el apoyo de Palacio Nacional.

JUDICIALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS

Antes y durante la campaña electoral, entre mayo y diciembre de 2021, el equipo legal de la entonces candidata morenista presentó una veintena de recursos de procedimiento especial sancionador ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), bajo la acusación de violencia política en razón de género, que como medida cautelar acalló voces críticas, al desaparecer mensajes adversos a su causa.
Esas demandas fueron interpuestas contra 27 personas entre políticos, funcionarios, adversarios y hasta simpatizantes de partidos, sin dejar de lado su incipiente sentimiento de antipatía y tirria contra periodistas y medios de comunicación.

En el primer bloque destacan el excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Eliseo Fernández Montúfar y su hermana Mónica, entonces presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal de Campeche; el sustituto de Eliseo en la Alcaldía, Paul Alfredo Arce Ontiveros; el titular IMSS en Campeche, Carlos Félix Medina Villegas; el subdirector de Mercados de Campeche, Eleazar Herrera Pérez; el excandidato a la Presidencia Municipal de Hecelchakán, Guillermo del Río Barrientos; el simpatizante de MC, Pedro Hernández McDonald; y el exgobernador Carlos Miguel Aysa González, acusado de uso indebido de recursos públicos en favor del candidato tricolor.

El equipo legal que acompañó a Sansores San Román como candidata fue premiado con importantes cargos: Hugo Mauricio Calderón Arreaga, subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno; Pablo Martín Pérez Tun, director jurídico de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), y Gustavo Quiroz Hernández, director del Registro Civil.

Quienes en campaña se ostentaron como apoderados generales para pleitos y cobranzas de Layda Elena Sansores San Román denunciaron a directores de medios, medios y periodistas. Figuran “En Campeche”, de Jaime Moguel Coyoc; Víctor Alfonso Altamirano Santos, reportero de Latinus; Oscar Cruz Mendoza, administrador de “La Voz del Mercado Principal”, y Joel Ynurreta, director general de “La Neta Campeche”.

También denunciaron a sitios Web de noticias y medios de comunicación con presencia en la plataforma Facebook: “Tendencias Campeche”, “Prensa Fifí”, “Campeche al Minuto”, “Ya Basta”, “Las Noticias Como Son”, “El Carmelita”, “Periodismo Mexicano”, “Sucesos Carmen”, “Noticias Carmen Campeche”, “Carmen Noticias Digital”, “Noticias Cd Del Carmen y El Sureste”, “Mayavision”, “Evolución Carmen Noticias”, “Informativo Karla” y “Pluma Libre”.

Persecución a prensa

En lo que va del año han presentado diversos recursos ante el IEEC relativos a juicios que buscan medidas cautelares o de protección, y que podrían terminar en el TEEC, pero pretenden actos similares de disculpas públicas y que cuelguen sus nombres en la relación nacional de personas que ejercen violencia política contra las mujeres por razón de género.

Entre los demandados están el exarticulista de El Universal, Carlos Alazraki Grossman; el comentarista de la radio virtual Central FM, Pedro Ferriz Hijar (hijo de Pedro Ferriz de Con), y el periodista campechano Miguel Ángel Gómez Escamilla.

Contra la revista Proceso y Fátima Monterrosa, reportera de N+, la gobernadora presentó denuncias por calumnia y difamación, respectivamente, ante el Ministerio Público Estatal, y los delitos por los que los acusa son del fuero federal.

Y si las opiniones no dan como para levantar denuncias, desde los “Martes del Jaguar” Sansores San Román continúa sus ataques contra medios estatales y nacionales y en general contra los comunicadores.
Las “Garras del Jaguar” atacan a medios de la talla de Proceso, Grupo Fórmula, El Universal, Milenio, El Financiero, Imagen, Reporte Índigo, ADN, TRIBUNA Campeche, Televisa y N+. Los ánimos de Sansores se encienden cuando las investigaciones periodísticas señalan corrupción o malos manejos. De ahí los señalamientos de la gobernadora trascienden al ámbito personal.

Se dedica a injuriar a columnistas y articulistas por igual, entre ellos Carmen Aristegui, Javier Tejado Dondé, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Raymundo Riva Palacio, entre otros.

Tal situación orilló a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a defender a los comunicadores mexicanos. Luis Armando Mendoza Leciano, Ángel Escamilla y Carlos Martínez Caamal, que trabajan en Campeche, denunciaron en 2022 que fueron víctimas de amenazas, ataques y discursos de odio.

Gusto por las denuncias ante IEEC

Ya como gobernadora, la búsqueda de medidas cautelares siguieron siendo empleadas como mecanismo para pretender silenciar a las voces críticas. Le tocó el turno a César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera, director general de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado hacer labores de abogado particular.

Como representante de Sansores San Román, durante 2022 interpuso 14 demandas ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), destacando los juicios de proceso especial sancionador y recursos de apelación.

Dado que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral rebotó las quejas de Sansores San Román, ya que se trata de presuntas afectaciones en el ámbito estatal, se pasó la querella al TEEC, que determinó que tanto la senadora del Partido Acción Nacional, Lily del Carmen Téllez García, como Fernández Montúfar, ofrezcan disculpa pública.

Y se vincula al INE y al IEEC a que inscriban la sentencia en sus páginas virtuales, en los micrositios del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.