Las expectativas para 2023 no son nada halagadoras, sino por el contrario, será un año severamente complicado, donde se habla de un posible crecimiento de un dos por ciento, que contrasta con los años anteriores, donde no hemos llegado a tener un ápice de desarrollo, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.
Nuestra situación, la de todos los empresarios y comerciantes, se complica con el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, el número de vacaciones, el alza a los combustibles, al gas L.P. y a todas las situaciones en las que estamos inmersos y que son materia prima con que laboramos, añadió.
Verdaderamente vemos un año severamente complicado, pero esperamos que al avanzar la situación pueda ir mejorando, que los tres órdenes de gobierno hagan lo que les corresponde, generar las condiciones adecuadas para tener crecimiento, aunque mínimo, pero que ayude a todos.
Llamo, “como lo hemos hecho siempre y de manera permanente, a impulsar el consumo local, porque al hacerlo, un producto que adquirimos sirve para conservar un empleo. Un servicio campechano que utilicemos es una mano de obra que lograremos conservar para bien de las familias”, enfatizó.
En ese sentido —dijo— tenemos que sentarnos y buscar de qué manera hacer propuestas claras para poder, juntos, enfrentar esta situación del crecimiento. Hay un panorama incierto, porque también el índice inflacionario no nos ha ayudado, y eso trae consecuencias negativas.
Expuso que se prevé, ante los constantes incrementos y las medidas legales para aumentar salarios y días vacacionales, llegar incluso al recorte de personal, aunque no se quiera. A veces tendremos que llegar a este punto, a recortar personal, pero pretendemos que no sea, porque es fundamental para las empresas la mano de obra que da valor a la producción.
Esta situación, subrayó, la iremos viendo en la medida que vayamos trabajando. Analizaremos las condiciones por las que atravesemos y de ahí tomaremos decisiones, pero esperamos no sea necesario llegar a tales medidas para sobrevivir.
Por otra parte, en cuanto a la denuncia que en redes sociales han realizado algunos comerciantes de que están recibiendo llamadas telefónicas exigiendo el cobro por el derecho piso, Ortega Azar aseguró que hasta el momento ninguno de sus afiliados ha tenido ese tipo de llamadas, “pero sí hemos visto esas quejas”.
Ante esa eventualidad se debe hacer uso de la autoridad. Recurrir a la policía cibernética y emprender acciones para dar con los responsables o frenar esa intención, concluyó.
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