Denuncia del titular de la UCS sólo busca amedrentar la libertad de expresión
El Gobierno de Layda Elena Sansores San Román intenta hostigar, callar y amenazar al periódico TRIBUNA a través de la demanda que supuestamente interpuso su vocero, Walther David Patrón Bacab, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), alertaron coordinadores parlamentarios de MOCI y PRI, al criticar que “no aguanta nada”, y condenar la censura.
Recordaron que no hay difamación cuando existen las facturas de los millonarios contratos que recibió como prestanombre de su jefe Gerardo Sánchez Sansores, apodado “El Seso Loco”, cuando la mandataria por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Por separado, el diputado local mocista, Paul Alfredo Arce Ontiveros, consideró que Sansores San Román, por medio del titular de la Unidad de Comunicación Social (UCS), busca amedrentar a este rotativo para que deje de informar sobre el tema a las y los campechanos, quienes tienen derecho a saber.
“Hemos visto mucha intolerancia en este Gobierno del Estado. Ven cómo sacar cortinas de humo cuando exhiben sus actos de corrupción o sus nulos resultados, pero los campechanos se están dando cuenta de que quieren callar a todos los que levantan la voz, medios de comunicación, diputados, a la oposición, es la manera en que actúan”, sostuvo.
Asimismo, el legislador local priísta, Ricardo Miguel Medina Farfán, coincidió en que la demanda de Patrón Bacab en contra de TRIBUNA es una manera de intimidar y pretender acabar con los espacios de denuncia que existen para exhibir el mal Gobierno y las pésimas acciones de la actual administración estatal.
“¡Qué mal que hagan uso faccioso de la ley para intentar acallar y amenazar legalmente a un medio de comunicación, que simplemente reprodujo lo que se evidenció a nivel nacional!, pues, además, se tienen los documentos y se hicieron públicas las denuncias ante las instancias legales”, asentó.
Por ello, indicó que la denuncia del vocero estatal no tiene sustento legal, porque nadie lo ha exonerado de las acusaciones en su contra por haber recibido contratos millonarios de la alcaldía Álvaro Obregón, y reprochó que es preocupante que usen el poder sobre las instituciones de justicia del Estado, como el TSJE, para satisfacer un interés político.
El representante legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, reprobó que se intente coartar el derecho a saber de la ciudadanía, y sentenció que a Patrón Bacab le falta oficio político, pues su nombre está plasmado en las facturas, le guste o no.
“Todo lo que se gasta y es dinero del erario, debe ser transparente, nos duela, o nos guste o no. Si eso le molesta, hay falta de oficio político, porque hoy tenemos audios de un exgobernador y una factura de un recurso, y le duela o no, es la manera en como lo ejercieron”.
Y subrayó que el funcionario estatal no debe tener doble discurso, y sí empezar a ser transparente.
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