En pura habladuría se convirtió el discurso de la gobernadora Sansores a favor de la reforma judicial, pues impondrá como magistrado a un chilango lacayo suyo, con el aval de otros lacayos en el Congreso…
Todo el discurso que ha repetido como lora la tramposa gobernadora Layda Elena Sansores San Román a favor de la “reforma judicial”, se va a ir directo al bote de la basura cuando el Congreso del Estado apruebe la designación del chilango César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera, como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Toda la experiencia judicial del chilango Sánchez Cabrera la adquirió en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Campeche, donde labora desde 2021, es decir, desde la llegada de la senecta Sansores San Román. Antes, estuvo de 2018 a 2019 en la Alcaldía Álvaro Obregón —en los tiempos de Layda Elena como alcaldesa— como jefe de la unidad departamental de lo contencioso administrativo.
Es decir, ha sido desde hace por lo menos seis años, empleado de la perversa y farsante gobernadora Layda Elena Sansores San Román. Y con esos antecedentes, nadie duda que lo seguirá siendo luego que los sumisos y obedientes diputados de Morena, del PT y del Partido Verde, aprueben su designación en la magistratura estatal.
No se les puede reprochar a los diputados que avalen las órdenes de su jefa. Para eso los pusieron donde están, para hacer ese trabajo sucio. Lo reprochable es que el discurso de la mentirosa y farsante gobernadora a favor de los campechanos, una vez más lo vuelva a pisotear.
Despreció la calidad profesional, la formación, la trayectoria e incluso el linaje de la abogacía campechana. De aquí han surgido extraordinarios juristas que seguramente hoy estarían reclamándole a la arbitraria gobernadora su predilección por lo foráneo por encima de lo local. Su campechanía la ha limitado a bailar grotescamente el Pichito Amoroso con su blusa bordada sólo en los desfiles.
Le ha cedido un espacio de poder a su consejero jurídico, el rarito Juan Pedro Alcudia Vázquez, en lugar de, por lo menos, someter a concurso esa plaza, como un ensayo previo de lo que sería la democratización del Poder Judicial que tanto presume de dientes para afuera la 4T.
Seguramente que si los campechanos tuvieran que elegir entre un candidato a magistrado foráneo, y otro que sea coterráneo, se pronunciarían por este último. Pero es falso ese argumento de que serán los ciudadanos los que elijan a sus jueces. Y este es un ejemplo que demuestra lo hipócrita de ese discurso.
Está en manos de los diputados de todos los partidos, pero en especial de Morena, del Verde y del PT, demostrar su compromiso por la democratización del Poder Judicial, rechazando esa imposición chilanga, y exigiendo un proceso transparente, democrático y justo. Lo demás son habladurías.
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