SI AÚN TIENE O LE QUEDA UN POCO DE ÉTICA
A seis meses del fallido operativo que la Secretaría de Seguridad Pública realizó en el penal de Kobén, la agrupación Estamos Unidos Campechanos exigió a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, “que si aún tiene o le queda un poco de ética, se pronuncie en cuanto al tema, porque por no actuar en tiempo y forma hoy existen 180 familias sin sustento económico, 180 policías a la fecha cesados y continúan las bajas”.
En su portal de Facebook, la agrupación que da voz a los policías campechanos, dirige el escrito a Rodríguez Mejía, a quien le recuerdan que “han pasado 6 meses después del trágico y fallido operativo, donde se evidenció la ineptitud y falta de capacidad de los mandos a cargo de Marcela Muñoz”.
“El reglamento sólo fue aplicado a voceros de la manifestación pacífica para darles de baja por medio de Asuntos Internos, a José Grajales le crearon una carpeta en la Fiscalía Anticorrupción dónde de ser víctima de tortura laboral pasó a ser perseguido político.
En tiempo y forma se solicitó apoyo al Legislativo (diputados) y ante la Fiscalía Anticorrupción se denunció el hecho en contra de los mandos, pero hasta la presente fecha no han formalizado las carpetas de investigación, mientras Marcela y sus mandos gozan de impunidad, exponen.
“En la Contraloría del Estado se acudió y la titular se negó atender a las mujeres valientes que sufrieron atropellos a sus derechos humanos, las revictimizaron”.
“Se acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se recibió las denuncias, pero nos mencionaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la autoridad competente, y que el plazo máximo para resolver el tema son 6 meses”, agregan.
Exigen a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, que si aún tiene o le queda un poco de ética, se pronuncie en cuanto al tema.
Se sabe, continúa la publicación, que el Gobierno del Estado jamás tuvo la iniciativa para un diálogo de acuerdos, y en todo momento trató y finalmente logró distorsionar la manifestación, argumentando que era con tintes políticos, cuando realmente el origen se debió al operativo fallido, a donde llevaron a 500 policías sin equipo de protección, contrario a como lo marcan los protocolos de actuación.
Recalcan asistieron a todas las instituciones, pero pudo más el poder de la gobernadora Layda Sansores, pero advierten: “Vamos a continuar con la lucha hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
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