La inepta y negligente mandataria pretende ceder una parte importante del territorio campechano a la entidad vecina, una franja de 10 mil 200 kilómetros cuadrados, donde habitan unas nueve mil personas…
En su programa “Martes del Jaguar” del martes 11 de febrero pasado, la nefasta gobernadora Layda Elena Sansores San Román traicionó una vez más a los campechanos, al ignorar olímpicamente lo básico de nuestra historia, con su insólita declaración de que las 33 comunidades que Quintana Roo reclama como suyas, “aún no están reconocidas oficialmente como campechanas”.
La senecta mandataria intenta justificar con esa santanesca declaración, el abandono en que su Gobierno ha mantenido desde hace más de tres años a los casi nueve mil habitantes que se encuentran en la controvertida franja territorial, que abarca poco más de 10 mil 200 kilómetros cuadrados.
Y miente cuando señala que esas poblaciones “tienen 28 años en el abandono”, porque hasta antes de que ella asumiera la gubernatura, sus antecesores atendían con recursos y programas a esa zona, según consta en declaraciones de los propios comisarios, en estudios académicos que se han hecho al respecto y en las obras con el sello del Estado de Campeche que ahí persisten. No existe, por cierto, ninguna con el emblema de este “Gobierno de Robos”.
Al estilo de Antonio López de Santa Anna, la inepta y negligente mandataria campechana pretende ceder una parte importante del territorio campechano a la entidad vecina, según se desprende de su insólita postura, que difiere radicalmente de la pasión con que todos sus antecesores han defendido esa franja.
Ha habido pronunciamientos oficiales que le han dado la razón a Campeche. En junio de 2013, la Suprema Corte resolvió que no le correspondía pronunciarse sobre las controversias constitucionales promovidas en 1997 por Quintana Roo y Campeche, tras la creación del Municipio de Calakmul, debido a que el Senado se quedó con los expedientes del caso y los archivó, con lo que se sobreentiende que el asunto quedaba como hasta antes de la controversia, es decir, le pertenecen a Campeche.
En 2015, el Instituto Nacional Electoral, en sus trabajos de redistritación reconoció también que esa franja le pertenece Campeche y así se ha dispuesto hasta la fecha.
Que la mentira, la negligencia, la ineptitud y la indolencia de la señora Sansores para llevar obras e inversiones a esas comunidades, pretendan justificar su pretensión de ceder esas tierras a nuestros vecinos quintanarroenses, debe ser objeto de una profunda investigación, pues no se sabe qué planes maquiavélicos aniden en su rojiza cabeza, y debemos descubrirlos antes de que intente ejecutar esta nueva traición.
Apenas hace unos días, el presidente del Comité de Gestión de Comunidades Limítrofes, Leobardo López, declaró que habían gestionado con el Gobierno de Quintana Roo, la inversión de 62 millones de pesos para acciones de agua potable, mientras que le mentecata mandataria de Campeche se excusa en el argumento de que “no puedes invertir en algo que no es tuyo, sólo se pueden hacer gestiones federales” para justificar su tacañería en disponer una parte de su multimillonario presupuesto para atender algunas de las demandas más sentidas de esos nueve mil campechanos.
Qué desidia. Qué vergüenza tener a una gobernadora traidora.
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