En menos de un mes, la Fiscalía General de Justicia llevó a cabo ayer otro desalojo tras denuncia por despojo, de acuerdo con la acción ejecutada por policías ministeriales y estatales y fuerzas castrenses, en el amplio predio conocido como “El Álamo”, ubicado en la carretera federal 259, Adolfo López Mateos, entre los ejidos de Chekubul y Chicbul. Los afectados denunciaron que no les mostraron documentación que ampare o justifique esta acción.
Alrededor de las 8 de la mañana, cerca de 70 familias fueron desalojadas durante el operativo policiaco, en que participaron elementos de Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, Guardia Nacional; Secretaría de Marina y Policía Estatal Preventiva (PEP).
Testigos relataron que diversas camionetas de las referidas corporaciones rodearon el terreno e iniciaron con el desalojo.
En el terreno había niños, adultos mayores, adolescentes y mujeres, quienes se dieron a la tarea de sacar pertenencias y animales de traspatio de las rústicas viviendas.
Sin poder contener el llanto y con las manos empuñadas, algunos posesionarios miraron cómo los agentes, apoyados con maquinaria y sierras, derribaban lo que consideraban su único patrimonio.
Sin dar nombres, calificaron el desalojo como acto arbitrario, y pidiendo a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que intervenga, ya que aseguran haber comprado diversos lotes de los cuales fueron sacados.
Y acusaron: “Los elementos de la Fiscalía General de Justicia, no presentaron documento alguno que amparara el desalojo, sólo pidieron que nos retiráramos y comenzaron a derribar las viviendas”.
Algunos manifestaron que vivían 80 familias y pelean 800 hectáreas, las cuales son nacionales y por eso los asombró la presencia de autoridades estatales y federales.
No hubo enfrentamientos, ni actos de violencia, tampoco se tienen reportes de personas detenidas. El operativo se prolongó hasta horas de la tarde.
Un comandante de la Policía Ministerial dijo a los invasores que si tienen con qué comprobar que estos terrenos son nacionales, pueden viajar a la Isla para ser atendidos sin ningún problema, pues el personal sólo cumplía la orden de desalojar.
Se trata de la segunda acción de esas características en lo que va de marzo, pues el 1 se realizó el primero entre los kilómetro 69 y 70 de la carretera federal 180, tramo Isla Aguada-Sabancuy, donde se encontraban unas 70 familias.
Trascendió entre los elementos de las corporaciones, la posibilidad de que en los próximos días se lleven a cabo más desalojos en predios que están en litigio.
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