Nacido el recién abortado Insabi a finales de 2019, fue en julio de 2022 cuando su entonces director, Juan Antonio Ferrer Aguilar, llegó a Campeche con voluminosa cartera de promesas bajo el brazo.
En pomposa ceremonia, ante funcionarios estatales, encabezados por Layda Elena Sansores San Román, anunció que rehabilitarían 102 centros de Salud, darían mantenimiento a 600 equipos y sustituiría los equipos del Centro Estatal de Oncología de Campeche, porque habían cumplió su vida útil, todo ello “en favor de la población sin seguridad social”.
Durante 32 meses se presentaron proyectos debidamente calendarizados, para la rehabilitación de los 102 centros de Salud de la entidad, y sólo se programaron 23 el año pasado y 37 en 2023.
Empero se rebasaron las expectativas, pues en mayo de 2023 ya se habían gastado 77 millones de pesos en mejoramiento, que no rehabilitación, de 66 unidades médicas, a un promedio de 1.16 millones de pesos, que se destinaron a “pintura exterior e interior, acabados, cambios de pisos, señalización, impermeabilización, carpintería y cancelería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, obra exterior y aires acondicionados”, destaca el despacho informativo titulado “Mejora Gobierno de Todos, sistema de salud en Campeche”.
Del mantenimiento a los 600 equipos y la sustitución del equipamiento oncológico, ni un prometedor anuncio a futuro. Pero no todo es material de ornato, aseguraron que gastaron millones de pesos en medicamentos, que nunca terminaron de abastecer en el Estado.
Como botón de muestra, en 2022 fueron solicitados tres millones 144 mil 999 piezas de medicinas, y hasta agosto sólo habían entregado el 33.3%, apenas la tercera parte. Al fin del ejercicio sólo se recibió el 72.4%.
A la falta de medicinas y déficit de médicos, se sumó la caída en la confianza de los eventuales pacientes. Estudio de México Evalúa precisa cómo cayeron las consultas. De 72.5 millones en 2018 a 17.8 millones en 2022, lo que representa caída de 75%. Al respecto, del IMSS-Bienestar estima que sus consultas se incrementaron en 1.7 millones en 2022, que es insuficiente para compensar el hueco que dejó el Insabi.
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