Carrillo Puerto, en “estado de ingobernabilidad”

Hubo empujones y conatos de bronca provocados por simpatizantes de Morena, que al final se impusieron en la designación del presidente interino de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, e impidieron que el cargo lo asuma un priísta.

FELIPE CARRILLO PUERTO, Champotón.— El Ayuntamiento de Champotón consumó ayer el complot contra la presidenta de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, la priísta Griselda Puc Valverde, al  decretar el “estado de ingobernabilidad” en esa jurisdicción, por lo que corresponderá al Congreso del Estado designar al nuevo presidente.  

El secretario del Ayuntamiento morenista de Champotón, Javier Moo May, se negó a acatar lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, que claramente señala que ante la ausencia de la alcaldesa titular, correspondería a su suplente asumir el  cargo o en su defecto el primer regidor.

Los cabildantes de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto habían determinado que quien asumiría la presidencia interina sería el primer regidor, el priísta Pedro Che Puc, quien incluso recibió su nombramiento alrededor de las 15:00 horas, de manos del propio Moo May, quien lo exhortó a trabajar con honestidad por el tiempo que resta de la actual Administración.

Sin embargo, al filo de las 17:00 horas culminó una acalorada reunión con un grupo de pobladores, en donde la parte opositora conformada por morenistas manifestaron su inconformidad por el nombramiento.

Su argumento fue que Che Puc, al asumir el cargo, permitiría que sea Griselda Puc Valverde quien siga mandando en la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto. 

Al no haber acuerdos y consensos, y en evidente desconocimiento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Moo May decretó el “estado de ingobernabilidad” y turnó el caso al Congreso del Estado de Campeche para que conforme un Concejo Municipal Ciudadano.

Puc Valverde fue destituida por el Cabildo de Champotón luego de que fuera aprehendida por incurrir en presunto peculado, aunque la afectada alega que no le dieron derecho de audiencia ni le permitieron su legítima defensa, por lo que se dice víctima de la represión de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por haber impedido que realice una gira de trabajo por esa Junta Municipal.