Complicidad en caso Ayotzinapa | Es la ruptura

Sergio Aguayo Quezada

Hace cinco años se quitaron los cerrojos a los archivos y se abrieron los portones de Palacio a las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Este año cercaron Palacio con una valla gigantesca y negaron 866 fojas solicitadas por los familiares de las víctimas al ejército. Es la ruptura.
En comparación con el trato dado a otras víctimas, Andrés Manuel López Obrador concedió durante cinco años un trato privilegiado a las madres y padres de Ayotzinapa. En su primer acto de gobierno creó una comisión de la verdad para llegar al fondo de los hechos y han sostenido siete reuniones presenciales de trabajo. Reconstruyo la última con base en testimonios de participantes.
El 20 de septiembre llegaron a Palacio Nacional las madres y padres con sus asesores de Tlachinollan y el Centro Prodh, dos reputadas organizaciones defensoras de derechos humanos. Los recibió el Presidente y unos cuantos funcionarios civiles; ningún militar estuvo presente.
Durante el evento, el Presidente reiteró ideas y frases lanzadas durante las mañaneras: elogió a las madres y padres, pero se lamentó de que fueran mal informados por sus representantes y por los “pseudo defensores de los derechos humanos” mexicanos y extranjeros. En varias ocasiones y de diversa manera les soltó la frase: el “Ejército ya entregó toda la información”. Esa era la única verdad aceptable.
Los padres lo confrontaron. Uno le dijo, “disculpe Presidente, nosotros leemos los informes, los leemos directamente, no estamos esperando que alguien nos lo lea, nosotros estamos enterados. Los representantes nos acompañan, nos respetan y nos dan su opinión, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones”. La conversación subió de tono porque el Presidente se aferró al mantra de que “el Ejército ya entregó todo”, mientras los padres lo refutaban y hasta hubo algunos gritos, “fue el Ejército, fue el Ejército”.
La situación se recondujo cuando las madres y padres le entregaron una carta de dos cuartillas (cuento con una copia). Después de saludarlo “con afecto” enumeran los documentos faltantes y le solicitan se les entreguen 866 hojas. Para ellos, el texto más importante es la minuta de conversación en la cual se detalla el traslado de 17 normalistas que estaban “siendo llevados a un lugar para privarlos de la vida”. Cuentan con la portada, quieren el texto completo.
El Presidente leyó el escrito y se comprometió a darles una respuesta el lunes 25 de septiembre. Las partes se levantaron y se despidieron con educación, pero con distancia y sin la efusividad de hace un quinquenio. Este lunes llegó la secretaria de Seguridad a leerles una carta del general secretario reiterándoles lo dicho por el Presidente. Los familiares de las víctimas se negaron a recibir el documento y consideraron una majadería que no se apersonara el general.
¿Existen las 866 fojas? Lo creo por la seriedad del GIEI y porque la negativa es consistente con el patrón de cerrazón acentuado durante este año. La otra comisión de la verdad creada por este Gobierno, la dedicada a la Guerra Sucia, presentó en agosto y septiembre tres informes documentando la reticencia a entregar información de los militares y otras dependencias. La confiabilidad del Presidente está a la baja por su intento de manipular el número de desaparecidos reportado por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cuya titular despidió.
Desde una perspectiva más amplia, las 866 fojas simbolizan la continuidad de un trato de privilegio concedido por todos los presidentes a las Fuerzas Armadas. Ellos deciden los expedientes que entregan y eso impide establecer de manera independiente cuál es su responsabilidad en casos tan paradigmáticos como Ayotzinapa. ¿Estamos ante unas cuantas manzanas podridas o frente a una complicidad sistémica entre criminales y agentes del Estado? Es muy posible que termine el sexenio sin contar con una visión precisa, detallada, exhaustiva sobre Ayotzinapa, la Guerra Sucia o los desaparecidos.
Cerca ya del final del sexenio el presidente tampoco ha demostrado por qué las madres y padres de los 43 normalistas son títeres de “pseudodefensores” de derechos humanos. Son sujetos conscientes que solo desean saber qué pasó a sus hijos. Entiéndalo, seguirán —seguiremos— luchando por la verdad que desarma impunidades, la arteria alimentadora de la corrupción y la violencia.

@sergioaguayo

Colaboró Jorge Araujo