La necesidad urgente de ingresos ha llevado al gobierno de Layda Sansores a buscar alternativas tras el rechazo ciudadano a los nuevos impuestos. Ahora, las miradas se dirigen hacia las 18 empresas interesadas en invertir en los puertos de Campeche, a quienes se les pretende cargar la recaudación que originalmente buscaban obtener de la población, una medida que ha generado controversia.
Armando Toledo Jamit, secretario de Gobierno, admitió que Campeche atraviesa serias limitaciones en infraestructura portuaria. “Carmen, que se construyó en los sesenta, no está terminado; Lerma no está terminado; Seybaplaya no está terminado. Hoy se habló de la conclusión del puerto de Seybaplaya y tenemos 18 cartas de intención para invertir en este puerto”, explicó. Según Toledo, la meta es compensar los ingresos que habrían provenido del fallido impuesto del 5%.
Por su parte, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, secretario de Administración y Finanzas, destacó que la dependencia histórica del sector petrolero ha agravado la situación financiera del estado. Justificó la intención de captar ingresos a través de las nuevas inversiones, asegurando que el compromiso de la gobernadora y las cartas de intención representan herramientas para diversificar la economía.
Mientras los puertos permanecen inconclusos y la infraestructura insuficiente, surgen cuestionamientos sobre si el estado busca solucionar sus problemas económicos a costa de los inversionistas. La urgencia financiera del gobierno ha puesto a Campeche en una encrucijada, donde la presión por obtener ingresos podría comprometer la confianza de quienes apuestan por invertir en el estado.
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