CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con 11 de 19 foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica concluidos, dicho ejercicio llegó a la mitad del camino entre acusaciones de conflictos de intereses entre los defensores de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición.
Hasta ahora, han participado 56 ponentes a favor y en contra de la iniciativa presidencial.
Tras un análisis de los perfiles, El Universal constató que 20 de los 28 ponentes que han defendido el proyecto, es decir, 71%, son empleados del Gobierno Federal, lo que ha provocado denuncias de las bancadas del PRI, PAN Y PRD.
En tanto que 22 de los 28 ponentes que se han manifestado en contra de la propuesta, es decir, 78%, han sido empresarios, asesores de empresas privadas y “consejeros independientes”.
En la convocatoria para los parlamentos, aprobada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 5 de enero, se estableció que los participantes serían organizaciones académicas, entidades públicas, la sociedad civil, científicos, ambientalistas “y todos los interesados”; sin embargo, únicamente 14 de los 56 participantes representan a esos sectores.
De los 28 ponentes que se han posicionado a favor de la reforma eléctrica que impulsa Morena, 20 son empleados del Gobierno, entre ellos el director de la CFE, Manuel Bartlett, pero también Héctor Cuapio, representante del Suterm; Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de la Secretaría de Energía; Adrián Olvera, director general de CFE Generación V; Ricardo Mota Palomino, director general del Cenace; Mario Morales, director general de CFE Intermediación, así como Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, entre otros.
“La convocatoria permitió a los grupos parlamentarios proponer a sus ponentes, pero el bloque oficialista no encontró propuestas de académicos que defendieran su bodrio, no encontró propuestas de ambientalistas, no encontró propuestas de científicos, no encontró a representantes de la sociedad civil, solamente encontró su nómina, los que cobran por defender una posición. Ellos estaban en el derecho de proponer otros perfiles, pero no los encontraron y sólo han llevado a burócratas del Gobierno”, denunció el diputado panista Jorge Triana, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
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