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Decide juez desechar 21 órdenes de aprehensión

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Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).— A petición de la FGR, un juez federal decidió eliminar 21 de las órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos —militares, 16 de ellos— presuntamente responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del Programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera.

Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.

Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del Programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la Ueilca, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.

Proceso tuvo acceso a la resolución del 13 de septiembre, que elimina las órdenes de aprehensión, del juez Beltrán Santes, así como la respuesta de la Unidad Especializada, emitida dos días después y firmada por Gómez Trejo y el director general adjunto de la Ueilca, José Miguel Rivera Esquivel.

La Ueilca fue creada a petición de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y materializada a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 26 de junio de 2019, fecha en que también se nombró como titular a Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.

Gertz Manero designó la Unidad “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” vinculados con la desaparición de los estudiantes, así como la tramitación y resolución de “las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos (…) para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento”.

ÓRDENES ELIMINADAS

En el oficio FGR/FEMDH/UEILCA/01365/2022, la Unidad a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa le requirió al juzgador copias certificadas del pedimento de cancelación de órdenes formulada por personal de la FGR, ya que “se desconoce los motivos y fundamentos legales que lo originan”, así como la notificación formal de que los litigantes oficiales del caso Ayotzinapa han sido relevados, y poder con ello deslindarse “de todo mal actuar que pudiera causar al proceso y por ende al derecho de las víctimas de acceso a la verdad y justicia”.

Las 21 órdenes de aprehensión canceladas formaban parte de las 83 otorgadas el 19 de agosto a solicitud de la Ueilca por el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca —y presumidas por la FGR en el comunicado 387/22—, relación en la que se incluía a 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 del Ejército, contra cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales de Guerrero y presuntos integrantes del Guerreros Unidos.

A esa lista corresponden las declaratorias de formal prisión emitidas por el mismo juez Beltrán Santes la semana pasada contra el general en retiro José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería, por delincuencia organizada; del capitán José Martínez Crespo, por desaparición forzada; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita, por delincuencia organizada y desaparición forzada; contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el exsecretario de Seguridad Pública de la localidad, Felipe Flores Velázquez, los tres por delincuencia organizada y el último además por desaparición forzada.

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