RÉGIMEN ASEGURA QUE EL MEDIO ERA USADO PARA LAVADO DE DINERO
MANAGUA (Reuter).— El régimen nicaragüense de Daniel Ortega completó ayer su ofensiva contra el diario La Prensa, cuyos periodistas debieron exiliarse el mes pasado en el marco de la persecución a los medios independientes, expropiando su edificio y rebautizándolo como sede de una institución pública.
En otra violenta embestida contra sus críticos, Ortega expropió también el edificio que utilizaba en Managua la OEA, el organismo interamericano que el régimen expulsó del país por su oposición a la dictadura.
La Prensa denunció en su página web primero la confiscación de sus bienes, y luego la expropiación de facto del edificio, convertida por el régimen en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
“El robo se concreta a pesar que durante el juicio por supuesto lavado de dinero que se realizó contra el gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann, el Ministerio Público no presentó pruebas que demostraran el supuesto ilícito”, señaló el medio.
Las instalaciones de La Prensa permanecen en poder de la Policía Nacional desde el 13 de agosto pasado, y esta movida formaliza el arrebato. El régimen asegura que el medio era usado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
La Prensa había denunciado horas antes que las autoridades nicaragüenses estaban ejecutando una “confiscación de hecho” de sus bienes, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
“Desde hace varios días operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos. Con estas acciones el régimen Ortega Murillo concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial de Editorial La Prensa”, informó el medio, que ahora solo se publica de forma digital.
Según La Prensa, cuyo personal de redacción se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de dos empleados, sus bienes “al momento de la confiscación tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares”.
“El régimen Ortega Murillo intenta poner fin a 96 años de historia del decano del periodismo nacional, desmantelando el plantel que lo alberga”, señaló el medio de comunicación más emblemático de Nicaragua. Horas después vino el bautismo oficialista con nuevo nombre y función, completando la pretendida defunción del medio.
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